El edil del PP defiende que la Junta de Gobierno de 2006 aprobó la compra de altavoces a Jolper "con expediente, selección entre varias empresas y factura"
El edil del PP Aurelio Gómez Villar atribuye la querella presentada por la edil del PSOE Áurea Soto, por la que declaró como imputado en la investigación judicial abierta por supuesto delito de prevaricación administrativa, a un intento de generar una "cortina de humo" para "desviar la atención" del tema de las obras con las que se urbanizó la calle en la que vive el alcalde.
Gómez Villar era el edil de Comercio en los sucesivos Gobiernos del PP con el alcalde Manuel Cabezas, y en la Junta de Gobierno de finales de octubre de 2006 presentó para votación la compra de 295 altavoces a la empresa Jolper, de la que es titular el actual edil de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome.
Al salir de la declaración en el juzgado de instrucción número dos de Ourense, ha señalado que respondió a todas las preguntas formuladas tanto por el juez como por los dos abogados personados -el suyo y el de la edila denunciante- "para aclarar muchos de los términos de la querella que no se ajustan a la realidad", agregó.
Además, atribuye la denuncia de la edila Áurea Soto contra toda la Junta de Gobierno a que, dos días antes, el PP desveló públicamente que fondos del plan E estatal se destinaron en 2009 a la urbanización de la calle Clara Corral Aller, en la que vive el ahora alcalde, en aquel momento edil de Hacienda.
COMPRA EN DOS FASES
Según el edil, la compra de altavoces para 31 calles comerciales del centro "fue un proceso largo y se dividió en dos anualidades", y se tramitó para acceder a una subvención de 88.000 euros, que era el 75 por ciento del presupuesto para la compra.
Así ha señalado que la Junta de Gobierno del 26 de octubre de 2006, y contrariamente a lo afirmado por Áurea Soto y la querella, "recibió un expediente en el que figuran el proyecto de la instalación, y varias empresas que concurrieron, de las que se escogió la que más se ajustó al importe asignado a ese tema y quedó justificado correctamente para dos anualidades, 2006 y 2007".
"Se pagó la factura de la primera anualidad y al año siguiente -el gobierno bipartito- decidió no rematar la instalación ni usar la segunda anualidad, así que los comerciantes del centro no pudieron beneficiarse de su uso porque la segunda fase era la que correspondía a el equipamiento de 6 kilómetros de cableado y puesta en marcha", agregó.
Según Gómez Villar, no es cierto que no hubiese expediente ni factura "sino que ésta tenía la fecha del 31 de octubre, unos días después de la Junta". "Pero eso se debió a un error en la fecha y del que no nos dimos cuenta entonces", ha insistido.
VARIAS EMPRESAS
Según Gómez Villar, no hubo adjudicación directa a Jolper sino que concurrieron varias empresas, como bazar Japón, Electromiño de Tui "y alguna más", entre las que la "oferta más ventajosa" fue la de Jolper. Además, negó que él hubiese avisado al propietario, Pérez Jácome, para que ajustase su precio al presupuesto asignado a la instalación de los altavoces, por el Ayuntamiento de Ourense.
Todo fue correcto, según el edil, pues "es imposible aprobar una documentación en una Junta de Gobierno si no hay un expediente", remató. El que fue responsable directo del expediente, por ser edil de Comercio, fue el primero en declarar en el juzgado, como imputado, desde que Soto presentó la querella en marzo de 2014.
Desde entonces, la Fiscalía decretó su archivo, recurrido por la denunciante y, finalmente, la querella fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 2 según un auto del 22 de septiembre.
Se trata del mismo juzgado que instruye varias causas en las que Áurea Soto figura como imputada, como la de las obras de la calle Bedoya, por la que todos los políticos de una junta de Gobierno de 2008 -época municipal del bipartito-, declararon como imputados, además de tres empresarios y un técnico municipal, por denuncia de DO.
