Autónomos y pymes, en alerta por los cambios normativos en las relaciones con el sector público, "clave" en su viabilidad
nnn La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 no solo ha puesto patas arriba a las administraciones, como confirman los expertos en esta materia, sino que el tejido empresarial está alerta por las consecuencias que los cambios normativos, impulsados para adaptarse a las directrices de la Unión Europea, pueden tener en la viabilidad de autónomos y pymes, que asisten con cierta preocupación al nuevo escenario.
Reza el preámbulo de la nueva ley, en vigor desde el 9 de marzo, que busca "diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro y con facilidad de participación y más posibilidades de negocio para pequeñas y medianas de empresas".
Lejos de asumir esta tesis, desde la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), encargada de velar por los intereses de decenas de compañías en una de las líneas de negocio "clave, al ser muchas dependientes del sector público", ven una nueva norma "que recoge las directrices europeas sin criterio ni conocimiento de la realidad española, desvinculada de la realidad y que opera sobre la base generalizada de que las nuevas tecnologías están en todas las administraciones, obviando que hay ayuntamientos que no tienen ordenadores ni acceso a internet".
nuevo modelo
Y es que la tramitación electrónica es uno de los pilares sobre los que se asienta la legislación de contratación pública. "Es el principal escollo, los pequeños concellos están un poco perdidos", expone el recientemente elegido presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, Santiago Ferreiro, que recuerda que para su sector, la obra pública representa un volumen muy importante de negocio, incidiendo por ejemplo en los proyectos de conservación o mantenimiento: "Las pequeñas obras tiran mucho en empresas locales y ahora se está complicando".
Uno de los principales puntos de fricción está en los contratos menores, cuyos límites presupuestarios han bajado hasta los 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros. El problema no es tanto la cantidad, sino los límites para contratar con una misma empresa al año una serie de actuaciones que hasta ahora no suponía mayor problema.
"Hay más miedo a meter la pata por parte de los técnicos, que ponen reparos que antes no había en contratos de menor importe que antes se encadenaban, algo que ahora se prohíbe, obligando a una mayor planificación y a un cambio de mentalidad de los empresarios", apunta el abogado Juan Carlos Romar, que pese a todo entiende que una vez que todo se asiente, la nueva legislación será positivo para todos los actores implicados.
Sobre este apartado, desde la CEO son algo más pesimistas, que coinciden con Romar en que algunos responsables de dar luz verde a determinados contratos "se negarán a autorizar pagos a empresas ya que corren el riesgo de que ya se le hayan pagado facturas por un importe superior a 15.000 euros". La patronal ourensana apunta "los problemas" que conllevaría tramitar esos mismos servicios mediante una licitación.
"El sistema muy probablemente beneficiaría a las grandes empresas, que tienen más capacidad de rebajar los precios de sus productos, en detrimento de las pequeñas, estas últimas en muchos casos muy dependientes del sector público, temiéndonos por tanto que se verán abocadas al cierre".
Otros riesgos
Entre las preocupaciones que han llegado hasta la CEO por parte de los empresarios, está también la "desaparición de las garantías que la administración solía dar a las concesionarias para que recuperasen su inversión e incluso obtuvieran beneficios". La patronal cuestiona que ahora "las empresas deban asumir todos los riesgos", otro motivo por el que entienden que se alejará a autónomos y pymes de ciertos contratos públicos.
"Sin seguridad ni garantías, ¿van a querer participar? ¿Quién va a financiar estas operaciones", sostienen en la CEO, que añaden que "esto dejará fuera de juego a las pymes, sin capacidad de conseguir inversiones".
Ante la posibilidad que ofrece la legislación de fragmentar en lotes determinadas licitaciones, tampoco ven una medida positiva, "ya que no todas asumirán el riesgo de tener un lote cuyas consecuencias repercutan en un contrato más grande".
