El Imelga en Ourense es la delegación gallega que realiza más pericias médicas por el deterioro psíquico de la población: 822 en 2014
El envejecimiento de la población de la provincia, con un 29,9% de habitantes con más de 65 años, tiene reflejo en todo el trabajo relacionado con la psiquiatría forense que desarrolla la subdirección territorial del Instituto de Medicina Legal en Ourense.
Las pericias médicas más demandadas son aquellas en relación con la limitación de la capacidad de obra que se realizan en los procesos de incapacidad que se siguen en el Juzgado de Familia a instancias de los fiscales, a quienes les llega el grueso de las peticiones desde los geriátricos o trabajadores sociales, más que por las propias familias, según asegura el director de los forenses de Ourense, Julio Jiménez Feliz.
La delegación del Imelga en Ourense es la más activa de todas a nivel gallego en este terreno con casi tres valoraciones al día. No en vano, el pasado año realizaron 822 informes para determinar incapacitaciones en personas que tiene dificultades o no pueden gobernarse por sí misma, de las que el 95% fueron favorables. En estos tres primeros meses de 2015, ya alcanzaron las 200.
El máximo responsable de los forenses ourensanos aclara que no siempre la privación de derechos tendente a velar por el interés de personas con patologías físicas o psíquicas graves es total. "Una incapacitación no tiene por que ser total sino que hay distintos grados para poner determinados límites a la persona como conducir un vehículo, manejar armas, firmar documentos mercantiles o incluso para que un tutor vele por una correcta ingesta de la medicación", explica, para recordar que el fin último es "proteger a la persona".
El Imelga desde su puesta en marcha en 2006 constata anualmente cómo el número de incapacidades aumenta de forma imparable. En siete años, pasaron de 339 informes a los 822 realizados en 2014. Dos años antes, habían rondado el millar.
Ello está en relación directa con el envejecimiento de la población. De hecho, según los datos del INE de 2014, un total de 96.533 ourensanos tiene más de 65 años (el 29,9 por ciento de la población). En A Coruña, el porcentaje se reduje al 22,9% mientra que en Pontevedra alcanza el 20,4% y en Lugo, la provincia demográficamente más similar a Ourense, rondó el 28%.
Asegura el responsable de los forenses ourensanos que la mayor parte de los casos que ven hacen referencia a personas aquejadas de demencia senil, sobre todo, con alzhéimer avanzado.
Asimismo, la despoblación del rural determina la tendencia porque, según dicen desde el Imelga, "antes los mayores vivían en casa con los hijos y no se recurrían a procesos de incapacitación aunque estuvieran enfermos". El hecho de que haya más ancianos en centros asistenciales (viviendas comunitarias o geriátricos) aumentó este tipo de informes en tanto que un internamiento de un enfermo psiquiátrico así lo requiere.
Requisitos del informe
Este mecanismo fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud con motivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades celebrada el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, que entró en vigor en 2008. Esta convención estableció los puntos que debe abordar un informe facultativo a la hora de determinar un incapacitación: habilidades de la vida independiente (autocuidado, hábitos cotidianos); habilidades económicas, jurídicas y administrativas (capacidad para tomar decisiones de contenido económico, capacidad para otorgar poderes a favor de terceros y para realizar disposiciones testamentarias); salud (manejo de medicamentos, pautas alimenticias o autocuidados); transporte y manejo de armas y habilidades en relación con el procedimiento de incapacitación (sobre el conocimiento de sus consecuencias).
