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Facenda pone la lupa sobre el área económica de 18 concellos

Plaza Mayor de Ourense
photo_camera El Concello de Ourense, entre los que señala la Consellería de Facenda.

Medidas para encauzar el pago a proveedores o la falta de información, causas de la tutela autonómica

El control de la gestión económica de las entidades locales por parte del Ministerio de Hacienda se ha convertido en una constante desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la denominada "ley Montoro", que ha provocado numerosas críticas de los alcaldes por el encorsetamiento que supone.

Sin embargo, pese a que se han rebajado ciertos aspectos, como en lo que tiene que ver con el uso del superávit, la Consellería de Facenda, que tiene delegadas las competencias en Galicia para la tutela de la gestión en el área económica, está siguiendo muy de cerca el comportamiento de 18 concellos de la provincia, según refleja su último informe realizado, correspondiente a los datos del tercer trimestre de este ejercicio.

Entre los objetivos de esta vigilancia, destaca el de poner coto al pago con los proveedores, dado que la legislación establece que el período medio de abono de las facturas no debe superar los 30 días. Sin embargo, son siete ayuntamientos de la provincia los que están bajo la lupa por este concepto.

Dos de ellos, Ourense y Xinzo, han sido requeridos para enviar las medidas necesarias para solucionar los problemas que tienen para hacer frente a las obligaciones pendientes con sus proveedores. A falta de conocer el dato oficial en Xinzo de la demora media en el pago de facturas al cierre de septiembre, en la ciudad se cuadriplicaba el plazo legal.

Por otro lado, cinco ayuntamientos ya remitieron la información solicitada por Facenda para buscar soluciones a los retrasos en el pago de facturas. Se trata de A Bola, Esgos, A Gudiña, Porqueira y Riós.

En su análisis trimestral, la Xunta pone el foco también en la falta de información por parte de determinados concellos, lo que hace imposible fiscalizar la gestión. En este sentido, Facenda solicita a diez municipios ourensanos el envío de las liquidaciones del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2017, claves para saber magnitudes como el remanente de tesorería, deuda o superávit.

Están en esta lista los concellos de Baltar, Os Blancos, Cortegada, Lobeira, Lobios, A Peroxa, Petín, Pontedeva, A Rúa y Verín.

Por último, la Xunta también da cuenta de que Montederramo ha remitido los acuerdos demandados por la administración autonómica tras el incumplimiento de la regla de gasto en el pasado ejercicio, así como los informes elaborados por el Concello de Rairiz de Veiga para sanear el remanente de tesorería negativo que figura en sus cuentas, una situación en la que también están las mancomunidades de concellos de O Ribeiro y de Ourense. 


La capital provincial perfila un nuevo plan económico


Tras no cumplir la regla de gasto en 2017, los técnicos del área económica del Concello de Ourense perfilan el plan económico financiero que deben realizar para cuadrar las cuentas en los próximos ejercicios. El documento debe ser debatido en pleno para su aprobación. En paralelo, el Concello trabaja en los presupuestos de 2019.


La Diputación sigue cumpliendo los objetivos del control financiero


Como ya sucedió al cierre del pasado ejercicio, la Diputación  ha vuelto a cumplir, transcurridos los seis primeros meses del presente año, los objetivos fijados en el plan económico financiero que tuvo que aprobar tras incumplir la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2016 por un uso incorrecto de parte del remanente de tesorería, que produjo un desfase de 1,5 millones respecto a la cantidad tope que se podía gastar.

Aquello llevó al gobierno provincial a dar luz verde en el pleno a una hoja de ruta para corregir el desequilibrio, proceso que no afecta a la gestión diaria de la institución pero que obliga a adoptar medidas como aumentar la amortización de la deuda, o que el 50% de las modificaciones de crédito que se realicen sean destinadas a inversiones financieramente sostenibles.

En su análisis sobre la ejecución del plan económico-financiero, la dirección xeral de Política Financieira, Tesouro e Fondos Europeos concluye que "a Deputación presenta cumprimento dos obxectivos previstos, tanto en estabilidade orzamentaria, aínda que un pouco por debaixo da súa previsión, como na regra de gasto, o que fai posible prever o retorno á senda de estabilidade e crecemento para a entidade e, en consecuencia, o cumprimento do plan económico á súa finalización".

Los retos fijados en el plan económico financiero, según refleja el informe elaborado por los técnicos de la Xunta, son conseguir no sobrepasar a final del ejercicio el techo de gasto no financiero de algo más de 65 millones, mientras que la capacidad de financiamiento debe ascender por encima de los 12 millones. 

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