Junto a un comercial cooperador están imputados en un delito societario
La sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2 acogió ayer la primera sesión de un juicio por delito societario continuado de administración desleal en el que figura como imputado José Manuel L.V., administrador único y socio mayoritario de Pravivir, Gestión Urbanística SL desde marzo de 2005. En esa fecha, adquirió el 80% de las participaciones sociales de una entidad mercantil especializada en la promoción e intermediación inmobiliaria. Asimismo, el fiscal acusa también a Borja L.P., quien desempeñaba funciones comerciales de gestión y dirección, en calidad de colaborador y cooperador necesario en la maquinación delictiva desplegada.
La acusación pública reclama dos años y medio de prisión para cada uno. Mantiene que José Manuel L.V. articuló una serie de acciones fraudulentas tendentes a despatrimonializar la empresa en beneficio de otras sociedades con idéntico objeto social en las que el acusado participaba como administrador o como socio (Brokers, Promociones e Inversiones del Norte, Reabilitec, Promociones de Viviendas Numancia y Promociones de viviendas Las Ermitas), irrogando de esta manera un perjuicio económico a la persona que tenía el 25% de las participaciones de Provivir.
Las acusaciones (el letrado que representa al socio minoritario y el fiscal) aseguran que José Manuel L.V. autorizó pagos de servicios devengados por otras entidades mercantiles con cargo a fondos de Pravivir, Gestión Urbanística que no figuraban en la contabilidad oficial así como pagos sin justificación documental.
Por su parte Borja L.P., según figura en la instrucción, en sus funciones comerciales de gestión y dirección, supuestamente ayudaba al otro inculpado a desviar ingresos correspondientes a operaciones inmobiliarias y cobro de comisiones gestionadas por Pravivir o pagos de facturas con fondos de esta última empresa y así causar un perjuicio económico al socio minoritario.
El juicio se reanudará el uno de diciembre por la incomparecencia ayer de dos testigos pedidos por el ministerio fiscal.
