Figuran 10 acusados por un entramado liderado por Santos A.G., con un taller en A Valenzá, para supuestamente se simulaban accidentes falsos entre 2006 y 2010
El fiscal del caso Aleta, Mario Brualla, no comparte la decisión de la Audiencia provincial de que el caso Aleta, la mayor macroestafa a aseguradoras a través de accidente de tráfico simulados detectada en la provincia, se ventile en un juzgado de lo Penal. Entiende que el órgano competente es la Audiencia provincial porque, a su entender, cabe hablar de un delito continuado de estafa (pluralidad de acciones) con un perjuicio económico conjunto cifrado en 380.000 euros y por tanto las penas están agravadas (más de cinco años de prisión). Por esta razón, aseguró ayer que la fiscalía evalúa recurrir ante el Tribunal Supremo el último auto del máximo órgano jurisdiccional de la provincia . Eso sí, antes tendría que pedir a la propia Audiencia una aclaración para determinar si cabe recurso ante el Supremo ya que en su propia resolución menciona que solo cabe recurso de súplica ante el mismo órgano.
En todo caso, según reconocen fuentes cercanas al caso, la operación Aleta, que comenzó a instruirse en el Juzgado mixto de Trives en 2010 y lleva en la Audiencia de Ourense desde septiembre de 2017, corre el riesgo de quedar muy aminorada, en caso de que haya sentencia condenatoria, por una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
En el argumentario de la Audiencia se destaca que debe ser el Juzgado de lo Penal que por turno le corresponda el órgano competente para enjuiciar el caso porque de lo contrario se privaría a los imputados de la segunda instancia penal (ante la Audiencia y posteriormente cabría la casación ante el Supremo). Alega que ninguna de las estafas -por separado- excedió los 50.000 euros (no agravada).
En este caso, figuran 10 acusados por un entramado liderado por Santos A.G., con un taller en A Valenzá, para supuestamente se simulaban accidentes falsos entre 2006 y 2010. Están acusado de estafa, receptación, falsificación documental y simulación de delito.
