Considera delictivo el proceder de la empresa que gestiona la EDAR de San Cibrao porque "el impacto ambiental fue gravísimo"
El Juzgado de Instrucción 1 deberá mover ficha este próximo mes de septiembre sobre la intención de llevar o no a juicio a los representantes legales de la empresa Espina y Delfín, encargada de la gestión de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas, y al propio Concello, en calidad de responsable civil subsidiario, en relación al atentado ecológico más importante sufrido por el río Barbaña en los últimos años. Se trata de la muerte de más de 17.000 peces el 24 de junio de 2009 en el cauce fluvial que discurre por O Piñeiral, debido a un vertido tóxico (metales pesados y ácido).
La fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, acordó a finales de julio solicitar al juez Leonardo Álvarez, quien ya en una ocasión decretó el archivo del procedimiento penal, que las diligencias previas instruidas durante los últimos cinco años se transformen en procedimiento abreviado para así poder formalizar acusación y celebrar la vista oral. Aprecia indicios delictivos en el proceder de los imputados, quienes declararon por exhorto en Santiago de Compostela, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
A juicio de la fiscal, la sustancia contaminante que provocó la mortandad llegó a las aguas proveniente de la depuradora de San Cibrao, vertido que "tuvo un impacto medioambiental gravísimo" en el ecosistema, responsabilizando a la empresa que explota la depuradora, cuyas instalaciones fueron construidas por la Xunta. La gestión de la EDAR, aunque es de propiedad municipal, fue cedida a Espina y Delfín desde su puesta en marcha en 1996.
El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) el 18 de diciembre de 2009, en colaboración con el Servicio de Calidad Ambiental de la Xunta, aportó al juzgado un informe en el que pone de manifiesto, tras los análisis de las muestras tomadas en el cauce, que "a la altura de la EDAR se detecta una disminución del PH del agua, causa de la mortandad de los peces, acercándose el agua a parámetros normales cuando se aleja de dicho punto y manteniéndose valores usuales aguas arriba de la depuradora".
El juez instructor, con toda la documentación recibida, acordó hace dos años el archivo provisional de las actuaciones, que después revocó, al no hallar indicios incriminatorios sólidos contra la empresa, cuyos responsables alegaron que la depuradora está preparada para hacerse cargo de las aguas de deshecho urbanas pero no para recibir residuos industriales que les llegan desde empresas de San Cibrao, Parque Tecnológico, Pereiro de Aguiar y Barreiros.
No obstante, las acusaciones (también está personada la plataforma Ríos Limpos) hacen valer un informe de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en el que se señala que la depuradora dispone de equipos de tratamiento físico-químicos para abordar los residuos industriales que le lleguen, regulando el PH del agua y la decantación de las sustancias contaminantes en un decantador. El día del vertido, según consta en los autos, la depuradora tuvo conocimiento de que recibía una sustancia altamente contaminante, ya que de entrar en el proceso de depurado biológico lo habría dañado considerablemente.
La fiscal y la acusación particular recurrieron en su día la petición de sobreseimiento, reclamando la práctica de nuevas diligencias, ya aportadas al proceso y que, según estiman, permiten ir a juicio.
