PATRIMONIO

El fiscal ve indicios delictivos en el caso del merendero que alteró una mámoa

photo_camera El merendero construido.

Abrió diligencias por un delito contra el patrimonio histórico, una infracción penal que tiene en los robos o daños a cruceiros y hórreos su mayor exponente

La Fiscalía de Ourense ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra el patrimonio histórico en relación al merendero de hormigón, con planchada incluida, que los vecinos de Ardesende, en el concello de San Cristovo de Cea, construyeron, con el visto bueno municipal, sobre un yacimiento arqueológico del Neolítico con una antigüedad de 6.000 años. La mesa y los dos bancos sustituyeron a otro conjunto de piedras que los vecinos utilizaban a modo de merendero desde hace 40 años (alguna incluso podría formar parte de un dolmen).

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, aseguró que tras examinar la documentación aportada por el grupo ecologista Outeiro ordenó una investigación a la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Y ello porque, según asegura, ve indicios de responsabilidad penal.

La cimentación realizada sobre un yacimiento arqueológico inventariado, tal como le consta a Outeiro a través de estudios y catálogos, es a priori delictiva, según confirmó a este diario Delgado Ayuso. En función de la investigación practicada, el Ministerio Público determinará qué personas o quiénes cometieron algún tipo de negligencia. Para la imputación delictiva tiene que acreditarse ánimo de causación de daños al patrimonio histórico -no parece que sea éste el supuesto- o imprudencia grave.

La noticia fue bien recibida por Outeiro, el grupo que dio la voz de alarma, primero, ya hace un año, ante la Delegación de Cultura. Optaron por judicializar el asunto ante la pasividad de las autoridades administrativas. El colectivo aseguraba ayer que confía "plenamente en la investigación de la fiscalía".

Incidencia

En Ourense, las diligencias judiciales por delitos específicos contra el patrimonio histórico son habas contadas, pese a que, según matizan los operadores jurídicos consultados, no significa que no existan. En 2013, el último año hecho público, se incoaron tres procedimientos judiciales y no hubo ninguna diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Actos depredatorios o daños contra cruceiros y hórreos, sustracciones de objetos de arte religioso en iglesias o pintadas en muros de edificios de valor histórico artístico, esto es, actuaciones vandálicas en horas nocturnas de los fines de semana, son recurrentes en la provincia.

Según aseguran fuentes judiciales, uno de los principales problemas con los que se enfrenta la práctica para el control, determinación estadística y seguimiento de este tipo de delitos es el hecho de que aún "no ha quedado plenamente asumido el hecho de la especificación e individualización de los hechos que atacan el patrimonio histórico cuando aparecen indicios de actuación criminal".

Así, desde los propios juzgados de Instrucción es extremadamente raro encontrar diligencias previas por delitos contra el patrimonio histórico ya que normalmente se acude a otros tipos de denominación -"delitos tapadera"- que complican la recopilación y, por lo tanto, el seguimiento. De esta forma, es frecuente que robos y hurtos (delitos contra el patrimonio) oculten expolios de muebles con valor histórico y/o artístico. La denominación genérica de daños encubre los producidos en el patrimonio histórico o, en sentido análogo, la denominación de deslucimiento de bienes hace referencia a ataques de menor entidad a los inmuebles histórico artísticos.

La última sentencia específica data de 2014. El Juzgado de lo Penal 2 condenó a dos jóvenes a cuatro meses de multa (cuatro euros al día), además de una indemnización de 4.020 euros a la Diócesis de Ourense por los daños causados en la noche de San Juan de 2011 al campanario del siglo XVIII de la capilla de San Lorenzo de As Quintas, en Lobeira. 

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