Son casos en los que uno de los contrayentes es extranjero y pretende conseguir el permiso de residencia y la nacionalidad
Los matrimonios civiles mueven algo más de 600 expedientes al año a los que no siempre el ministerio fiscal da su bendición al detectar que la unión está sustentada en motivos de índole administrativa más que amorosa, para así conseguir la nacionalidad española o paralizar un expediente de expulsión.
Según asegura el fiscal encargado de despachar los asuntos del Registro Civil de toda la provincia, Mario Brualla González, en la provincia emitieron el pasado año una veintena de informes en los que se oponían a la celebración del matrimonio. La principal razón, la constatación de la existencia de varios promotores que de modo fraudulento intentaron contraer un matrimonio civil para así poder regularizar su situación en España -permiso de residencia por cinco años renovables- y, posteriormente, adquirir la nacionalidad al llevar casado un tiempo con un ciudadano español. Sin olvidar, que una directiva de la UE impide la expulsión de los cónyuges de los ciudadanos comunitarios.
La fiscalía detectó en los últimos siete años 105 casos de matrimonios de conveniencia. Precisamente, las facilidades para burlar los controles se toparon con un escollo importante desde 2008. Fue en ese año cuando en Ourense se intensificaron las actuaciones tendentes a investigar este tipo de expedientes matrimoniales sospechosos, para lo cual se contó con la colaboración de la Policía Nacional, Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Ourense, y también desde 2009 con el Obispado. Y ello porque hubo contrayentes a los que se denegó la tramitación que intentaron colarse por la vía eclesiástica (las uniones canónicas tienen efectos civiles). "Nos encontramos con la paradoja de que matrimonios cuya tramitación había sido denegada en el ámbito civil, se celebraban en el eclesiástico y posteriormente eran inscritos, sin pasar por filtro alguno", asegura Brualla. Pero hoy en día - añade- existe más celo por parte de la Iglesia, informando de los expedientes matrimoniales respecto de los cuales la Fiscalía observó alguna anomalía y a la inversa, consultas por parte del Obispado de aquellos expedientes respecto los cuales tiene duda. La comunicación -dice el fiscal- "es fluida y está dando resultados".
Desde 2013, también se endureció la comprobación de las parejas de hecho entre español/a y ciudadano extranjero no europeo comunitario por parte de la Subdelegación del Gobierno. Por esta razón, estos dos últimos años aumentó el número de expedientes de matrimonio civil, al buscar las parejas fraudulentas otra vía para conseguir su propósito. Consecuentemente, hubo más informes negativos y de autos no autorizando la celebración (ocho en 2012 y casi 20 en 2014).
Las irregularidades se detectan en la entrevistas reservadas implícitas en el expediente matrimonial, tanto en el Registro Civil como en la sacristía de una iglesia. La falta de complicidad entre los contrayentes, el hecho tan siquiera de hablar la misma lengua o el que haya una resolución de expulsión por medio, son motivos más que suficientes para sospechar de la pretendida conveniencia. También se examinan con lupa las discrepancias entre los novios en aspectos básicos familiares.
La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, según aseguran fuentes policiales, detectó en Ourense la actuación de mafias en torno al negocio de los matrimonios para conseguir el permiso de residencia; esto es, favoreciendo la inmigración clandestina. "En alguna de ellas nos encontramos que había incluso abogados y gestores de por medio", dicen. Según su experiencia, el contrayente que se presta puede cobrar una media de 2.000 euros.
