Los exavalistas de una empresa de ingeniería denuncian a su exsocio y a tres personas más, para los que piden un total de 56 años de prisión.
La Audiencia Provincial de Ourense ha fijado dos días para un juicio con 4 acusados, 30 testimonios, 4 acusaciones particulares y sin acusación pública, por posibles delitos de estafa, receptación, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad en documento privado y falsedad en documento público, investigados desde el año 2006.
El auto que determina la apertura del juicio oral, con fecha de abril de 2012, fijó la fianza a depositar de forma conjunta y solidaria por los cuatro acusados, en 700.000 euros, además de concretar los delitos que les imputan los dos denunciantes a los acusados, en relación con avales prestados a la ingeniería Connova, liquidada como empresa en septiembre de 2006.
Así, el acusado Camilo A.R. se enfrenta a la petición de 4 años de prisión y 24 meses de multa por el delito de insolvencia punible, a otros 6 años y multa de 12 meses por cada uno de los 2 delitos de estafa denunciados, y a 4 años de prisión por apropiación indebida, en total 20 años de prisión y 24 meses de multa pendiente de determinar.
La acusada Rosario Fátima V.V. cuenta con una petición de 4 años de cárcel y 24 meses de multa por el delito de insolvencia punible y otros 4 años por el delito de apropiación indebida --en total 8 años--. Además Mioara B., se enfrenta a la petición de 2 años por un delito de falsedad, 6 años de prisión y multa de 118.692 euros por receptación, 3 años por hurto y 3 años más y 12 meses de multa por el delito de falsedad en documento público, que supondrían un total de 14 años en prisión.
El cuarto acusado, David Thomas B.S., se enfrenta a 2 años de prisión por falsedad en documento privado, 6 años y multa de 100.354 euros por receptación, 3 años por hurto y otros 3 años y 12 meses de multa por falsedad en documento público, en total 14 años.
Por su parte, la defensa pide la libre absolución de los dos acusados además de criticar y reclamar como atenuante, en caso de condena, la "dilación indebida" achacada a la institución judicial, pues los hechos denunciados ocurrieron hace 8 años.
FISCAL PIDIÓ EL ARCHIVO
La posición de la acusación pública quedó fijada en escritos del Fiscal como el de noviembre de 2009, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que consideró "procedente el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias", tras determinar que no se documentaron suficientemente algunas de las acusaciones vertidas por los denunciantes.
Según la denuncia presentada en 2006, Camilo A., ofreció a los 2 denunciantes el 25 por ciento de las acciones de Connova Ingeniería "a cambio de figurar como avalistas para obtener préstamos personales y líneas de crédito para la empresa", y les mostró documentos contables para "mover su voluntad" en el sentido deseado, "de disposición patrimonial en su perjuicio, mediante aval sobre bienes de su propiedad" y, según el escrito, sabiendo Camilo A. que la empresa era "insolvente".
Sin embargo, el Fiscal consideró que la situación contable de la empresa era accesible en el registro mercantil y que un acuerdo de su Junta General disolvió la sociedad, que registró su balance de cierre el 30 de septiembre de 2006.
Según el escrito del Fiscal, los denunciantes no acreditaron la "maliciosa" actuación del acusado y ni demostraron la insolvencia punible denunciada, "pues los bienes de los imputados no se hicieron salir de su patrimonio de forma fraudulenta, para no hacer frente a sus obligaciones con acreedores presentes o futuros", sino más bien fueron hipotecados en varias entidades bancarias y constaban "varios embargos ejecutivos en banco Santander, Banco Español de Crédito y Caja de Ahorros de Galicia en 2007".
El abogado de las acusaciones y los 4 de las defensas plantearán preguntas a la treintena de personas que declararán durante los días 23 y 24 de abril, reservados en la Audiencia Provincial, a partir de las 9.45 horas.
