urbanismo

La gestión urbanística de casi la mitad de concellos se realiza sin un PXOM

Concello de Coles
photo_camera El Concello de Coles acaba de aprobar definitivamente su primer PXOM.

La Xunta acaba de renovar la ordenación global, que ayudará a 19 municipios ourensanos a redactar sus propios planes

La pasada semana, casi dos décadas después de iniciar la tramitación, el Concello de Coles veía como la Xunta materializaba en el Diario Oficial de Galicia la aprobación definitiva de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un ejemplo de la dificultad que supone para cualquier ayuntamiento culminar el instrumento que debe ordenar la gestión urbanística y servir como palanca de desarrollo económico.

Esas complicaciones –trámites administrativos, negociación política– que se acentúan en los pequeños concellos, atados por la falta de recursos, motivan que, atendiendo a la información recopilada por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de los 92 municipios ourensanos solo 49 cuenten a día de hoy con un PXOM en vigor, una lista a la que confía en sumarse en breve Ribadavia, pendiente de culminar el camino con la aprobación definitiva de su documento.


Escenarios


La capital de la comarca de O Ribeiro se rige en estos momentos por unas normas subsidiarias propias que entraron en vigor en 1986, una situación que comparte con una docena de ayuntamientos de la provincia (Castrelo de Miño, Maside, Parada de Sil, Verín, Bande, Quintela de Leirado, Monterrei, O Irixo, Trives, Carballeda de Valdeorras, A Veiga y Verea).

Por otro lado, son 10 los concellos que, aunque no cuentan con un PXOM, sí consiguieron aprobar al menos una delimitación de suelo urbano (Gomesende –con la ordenación más antigua de Ourense, de 1982–, Trasmiras, Larouco, Beariz, Montederramo y San Cristovo de Cea) o un proyecto de ordenación del medio rural (Ramirás, Calvos de Randín, A Teixeira y Manzaneda).

Mientras, una veintena de ayuntamientos gestionan su urbanismo con normas subsidiarias provinciales, un marco común de 1991 para aquellos que nunca tramitaron una ordenación propia que, recientemente, fue renovado por la Xunta para fijar criterios generales que contribuyan a combatir, entre otras cosas, el feísmo urbanístico o la expansión desmesurada de la construcción.

Esta herramienta, denominada Plan Básico Autonómico, se ha convertido también en el punto de partida para dotar a 37 ayuntamientos gallegos, de los que 19 son ourensanos, de un plan propio y adaptado a sus necesidades mínimas que faciliten su desarrollo económico, ya que está en fase de adjudicación un contrato licitado por la Administración autonómica por más de dos millones de euros para contratar a las empresas que redactarán los documentos necesarios que permitan, en un futuro, aprobar los instrumentos de gestión propios de cada entidad.

Los concellos de la provincia incluidos en este procedimiento (todos de menos de 5.000 habitantes) son Baltar, Baños de Molgas, Beariz, Cartelle, Chandrexa de Queixa, Larouco, Lobeira, Melón, A Mezquita, Montederramo, Padrenda, Piñor, Porqueira, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Viana do Bolo y Vilariño de Conso.


El Plan Xeral de la ciudad, pendiente de Intervención


Entre los concellos ourensanos sin Plan Xeral de Ordenación Municipal no se encuentra la capital provincial, que sí sufre la vigencia de una norma que se ha quedado totalmente obsoleta, la de 1986, recuperada tras el varapalo judicial que sufrió el PXOM de 2003 con nueve sentencias en contra y que fue anulado definitivamente por el Tribunal Supremo en 2011.

Tras multitud de trámites administrativos durante los últimos años, el anterior gobierno de la ciudad aprobó inicialmente un nuevo PXOM en 2014 que, a día de hoy, sigue pendiente de entrar en su fase definitiva, algo que no resultará fácil por las posturas alejadas que reinan en la Corporación, que han llevado al gobierno local, del PP, a emprender en solitario el camino de la aprobación provisional amparándose en un informe del Consello Consultivo.
En estos momentos, el edil de Urbanismo, José Cudeiro, tras esperar más de tres meses por un informe del asesor jurídico que no ha llegado, ha remitido la documentación al interventor municipal para que lo fiscalice y se pueda dar luz verde vía decreto para enviarlo a la Xunta. Con todo, el visto bueno definitivo sigue precisando de una mayoría plenaria que la oposición no está dispuesta a conceder. 

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