Además de informes técnicos, el gobierno municipal considera avalada la legalización de la urbanización de la plaza de San Antonio por un auto del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG)del 21 de enero de 2009, en el que se declaraba la inejecución de la sentencia que ordenaba la demolición de los edificios y la plaza. El tribunal evaluaba las licencias concedidas en diciembre de 2007 y consideraba que "en el momento de decidir sobre la concesión de las licencias de legalización ni el PXOM de 2003 había sido anulado por sentencia firme ni se había suspendido su ejecutividad y, por ello, esa decisión tenía que ser tomada atendiendo a sus determinaciones, ya que la concesión de una licencia es un acto reglado y tiene por ello que ser concedida si se ajusta a la normativa aplicable".
En este sentido, el auto recordaba que el planeamiento vigente entonces "admite en el ámbito litigioso la titularidad privada del aparcamiento situado en el subsuelo de la plaza". El Concello sostenía en aquel momento que "sería absurdo demoler algo que inmediatamente podría ser, de forma totalmente legal, construido de nuevo", al permanecer vigente el planeamiento de 2003.
El conflicto
El conflicto urbanístico de la plaza de San Antonio, iniciado a raíz de una particular que había visto reducida la luminosidad de la vivienda, se había saldado con sentencias que consideraban ilegal los edificios y la plaza, instando a su demolición. Ejecutar aquella resolución habría supuesto al Concello un coste de 40 millones de euros -incluyendo las obras y las indemnizaciones-, según el gobierno municipal.
