La concejala de Bienestar Social, Sofía Godoy, hainsistido en que no hay “problemas” respecto a la prestación del servicio
El gobierno municipal, a través de la concejala de Bienestar Social, Sofía Godoy, ha acusado a los partidos de la oposición, PSdeG y Democracia Ourensana de “mentir” sobre facturas pendientes de pago a la empresa concesionaria del servicio de la ayuda a domicilio, y ha apuntado que “a día de hoy” sólo hay “cuatro facturas pendientes” de pagar.
“Estamos hablando de expedientes de emergencia social, Cáritas, Progape y de otros muchos expedientes”, ha zanjado Godoy, quien ve “indignante” la “tergiversación” por parte de los citados grupos respecto a la situación de este servicio.
PSdeG y Democracia Ourensana habían denunciado este lunes supuestos “incumplimientos” por parte del ayuntamiento de Ourense en materia económica tras asegurar que se adeuda “1.801.594 euros” a la empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio, extremo negado por el grupo de gobierno municipal.Por el contrario, la responsable de servicios sociales ha limitado la deuda a “cuatro facturas”, cuyos pagos espera que se puedan tramitar “en los próximos días”.
Preguntada a este respecto, ha insistido en que no hay “problemas” respecto a la prestación del servicio y ha apuntado que los trabajadores cobraron “perfectamente” el servicio asegurando acto seguido que la empresa les transmitió que está “muy molesta porque información es consciente de que esas informaciones son mentira” no descartando la posibilidad de que emprenda algún tipo de acción.
En la misma línea ha advertido a PSOE y Democracia Ourensana que “lo que tienen que hacer” es aprobar presupuestos para poder sacar adelante partidas en el ámbito social después de acusarles de “jugar con las entidades sociales al decir que no van a aprobar modificaciones de crédito”.
Precisamente, el propio alcalde Jesús Vázquez acusó al portavoz socialista de utilizar “el juego sucio” para “bloquear” la gestión municipal tras asegurar que es “perfectamente conocedor” de la situación de servicios sociales que atribuyó a controversias relacionadas con la interpretación del pliego de condiciones.
