El proyecto inicial sufrirá una modificación para reducir el presupuesto y hacer un edificio más pequeño.
El Gobierno central ha optado por un nuevo anteproyecto para la futura sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y licitar de manera conjunta el proyecto y la obra para empezar a ejecutarlo en el año 2015, con un presupuesto de un millón de euros, y continuar en las dos siguientes anualidades.
El proyecto inicial sufrirá una adaptación a las necesidades del organismo de cuenca con el objetivo de reducir la superficie inicial prevista y así disminuir el monto de 4,5 millones de euros previstos inicialmente, tal como confirmó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, al senador socialista Miguel Fidalgo.
Fidalgo destacó en su intervención la incertidumbre que rodea a la construcción de la nueva sede: "Este proyecto lleva ya dos años parado y debe ser ejecutado ya", recordando, además, que se trata de una iniciativa que ha contado con el consenso de todos los grupos políticos de la provincia. Sin olvidar, que el Concello ya cedió el solar.
El senador ourensano también abordó el futuro del Centro de Interpretación de Parques Naturales. "No es lógico -señala Fidalgo- que una obra de seis millones de euros, a cargo de fondos europeos, se pierda porque la Xunta de Feijóo no quiera renovar el convenio de colaboración". Este centro, para el cual el Concello ha puesto el solar, y las obras serían ejecutadas por el ministerio a cargo de los fondos europeos, "no se puede paralizar por un capricho de la Xunta, cuyo único compromiso es correr con los gastos de amueblar la sede. Al final, si no se pone en marcha, se perderán este dinero y en Ourense nos quedaremos sin este centro de interpretación", expuso Miguel Fidalgo.
La respuesta del secretario de Estado fue un tanto ambigua, asegurando que se proseguiría en la negociación con la Xunta y que "se haría todo lo posible" para prorrogar el convenio y no perder los fondos, sin concretar fechas.
Por último, Fidalgo Areda también se interesó por las microdepuradoras construidas por la Diputación de Ourense. Según expuso el Gobierno, la Diputación debe devolver los 13 millones de euros con cargo a fondos europeos con los que se construyeron a tenor del dictamen de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Aunque ahora se ha establecido el mismo procedimiento para la Diputación de Pontevedra.
