La situación en el Concello se sobrelleva, si quien opina es un miembro del gobierno municipal, pero es dramática si quien habla es la oposición
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, que es la que aglutina un mayor número de responsabilidades (o por lo menos las que más volumen de actividad generan), reconoce que la judicialización que se practica contra el gobierno municipal "hace daño" a los ediles imputados a nivel personal y ello afecta también a su trabajo diario. Pero, además, repercute en la gestión urbanística, que es clave en un concello, porque genera una gran "inseguridad" tanto por parte de los funcionarios como de los propios políticos. Pero no ve intención de ayuda por parte de la oposición para salvar esa situación de parón en algunos proyectos e iniciativas. "Con Rosendo Fernández es imposible negociar", dice, y la relación con el BNG ha desaparecido tras la Operación Pokemon; la proximidad de las elecciones, apunta, es un elemento más que impide los acuerdos.
Desde el PP, el portavoz municipal, Rosendo Fernández, dice estar abierto a negociar "pero no llaman, han dicho que pactar con el PP era algo antinatura" y, así, no son capaces de sacar adelante su propio proyecto político porque, recuerda, nada se ha sabido del prometido menú de tres euros para mayores, el tranvía, el parque de Oira, el hotel termal en el Campo da feira o la propia Casa da Mocidade, acabada y sin abrir.
Por eso, él cree que una estrategia como la de Vigo, donde PSOE y PP pactaron acuerdos para sacar adelante la ciudad, no se podrá producir en Ourense con el actual alcalde.
Xosé Somoza, del BNG, también tiene claro que la negociación es imposible por la falta de acción y de voluntad del gobierno local, que "non teñen capacidade política para buscar acordos". Con esa actitud, dice, la falta de respuesta de los funcionarios ante esa forma de actuar y la presión derivada de los procesos judiciales, la paralización municipal está servida.
