Atribuyó a un "error" de la factura el desfase entre la fecha de envío y el acuerdo de pago de la junta de gobierno, anterior a aquel momento
El concejal del PP en Ourense Aurelio Gómez Villar negó irregularidades en el procedimiento de compra en 2006 de altavoces a la empresa Jolper Música del actual concejal de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome. Aseguró ante el juez Antonio Piña, que le citó como imputado por una supuesta prevaricación administrativa, que la tramitación de aquella compra (dentro de un expediente de instalación de altavoces a petición del centro comercial abierto Ourense Centro, con subvención de la Xunta) siguió los cauces reglamentarios y no se produjo reparo alguno del interventor.
Tampoco, dijo, se adjudicó directamente a Jolper, sino que se pidió presupuesto a otras empresas del sector, recibiéndose un total de seis ofertas. Según el edil, la de Jácome era la más ajustada en precio y esa fue la causa de que se le encargasen a Jolper los altavoces, pues negó relación alguna con él en aquel momento porque no era esa empresa una suministradora habitual de servicios al Concello.
La declaración del concejal es consecuencia de la querella interpuesta por la concejala socialista de Urbanismo, Aurea Soto, que dijo detectar irregularidades en aquella compra, al ser acordado en una junta de gobierno de la etapa del PP el pago de 61.691 euros a Jolper sin, dice Soto en su querella, un concurso público previo, sin que mediase entonces la presentación de factura (que se habría presentado, según Soto, unos días más tarde, el 31 de octubre) y sin que se hubiese entregado el material, que también se aportó meses después.
El error
Gómez Villar atribuyó a un error la fecha de la factura presentada y en declaraciones a los periodistas tras su comparecencia ante el juez, atribuyó la querella de Soto a un intento de generar una "cortina de humo" para "desviar la atención" del conflicto por las obras de urbanización de la calle donde reside el alcalde.
Gómez Villar, que era el edil de Comercio en aquel momento, respondió a todas las preguntas formuladas tanto por el juez como por los dos abogados personados -el suyo y el de la edil denunciante- "para aclarar muchos de los términos de la querella que no se ajustan a la realidad", agregó. Aportó también documentación para justificar que hubo procedimiento, como la oferta de algunas de las empresas y parte del expediente, que localizó en la Xunta, que había concedido entonces una subvención bianual para la instalación de los altavoces, que nunca se colocaron en las calles. Realmente, dijo, "se pagó la factura de la primera anualidad y al año siguiente -el nuevo gobierno bipartito- decidió no rematar la instalación ni usar la segunda anualidad", renunciando a la segunda aportación de la Xunta.
Según Gómez Villar, no es cierto que no hubiese expediente ni factura "sino que ésta tenía la fecha del 31 de octubre, unos días después de la Junta". "Pero eso se debió a un error en la fecha y del que no nos dimos cuenta entonces", dijo. "Es imposible aprobar una documentación en una junta de gobierno si no hay un expediente", insistió el edil.
Con todo, entre la documentación aportada al juez por la concejala Soto figura un informe de fiscalización del interventor municipal, correspondiente a 2006, que detecta hasta siete "anomalías", entre ellas la adquisición de los altavoces, "que non respecta procedemento de contratación algún". Dice que la única factura se aprobó fuera del orden del día y sin fiscalización previa "nin informe xustificativo".
El que fue responsable directo del expediente, por ser edil de Comercio, fue el primero en declarar en el juzgado desde que Soto presentó la querella en marzo de 2014. La Fiscalía había pedido su archivo pero la querella fue admitida a trámite por el Juzgado de instrucción número 2. Es el mismo que instruye varias causas en las que Áurea Soto figura como imputada, en algún caso en base a una denuncia de Pérez Jácome.
