Gonzalo Alonso declaró como imputado por la querella de una empresa

La constructora acusa al inverventor de un supuesto delito de prevaricación por los reiterados reparos al pago de facturas 

El interventor municipal, Gonzalo Alonso Alvarez, declaró ayer como imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 por la querella criminal interpuesta por una constructora, Ourengal, que le considera responsable de un delito de prevaricación de los funcionarios públicos, penado con unhabilitación especial para empleo o cargo público entre siete y 10 años.

La querella, presentada en septiembre del año pasado, entiende que el interventor empleó una actitud "torticera" e injusta a sabiendas, negando el pago de facturas a la empresa por dos obras y causándole, dice, una "situación económica complicada", ya que no pudo "cumplir con los trabajadores ni con los aplazamientos tributarios".

La empresa relata que el interventor vetó, mediante reparos, el pago de 12.240 euros por el acondicionamiento de la calle Matilde Lloria, en 2013. Primero porque alegó que había un defecto de tramitación -la ausencia de una conformidad prestada por un técnico competente de acuerdo con las funciones asignadas en la Relación de Puestos de Trabajo del Concello-. Entonces, un arquitecto municipal emitió informe favorable al pago de la factura; pero dos meses después, ya en noviembre de ese año, puso un nuevo reparo, alegando dos embargos a la empresa por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria; todo ello, dice la querella, "obviando" que en mayo de 2013 Ourengal ya había presentado en el Concello certificado de la Seguridad Social donce se levantaba expresamente el embargo; y que en agosto la propia Agencia Tributaria comunicó que la empresa estaba al corriente de sus obligaciones, pudiendo, por tanto, contratar con el sector público.

La asesoría jurídica del Concello también informó favorablemente los pagos, en agosto de 2013, y nuevamente lo hizo, en noviembre, un técnico de administración general. Pero en diciembre, "el interventor, de una forma que entendemos arbitraria e injusta, hizo caso omiso" y abonó el pago a la Agencia Tributaria cuando, señala la querella, la factura era de julio y entonces la entidad no tenía levantado el embargo y concedido un aplazamiento. Por ello, recalca, cuando el interventor puso reparos en noviembre, sabía que Ourengal tenía levantados los embargos.

La empresa tampoco cobró la ampliación de una red de abastecimiento en Regualde, por 18.494 euros. La factura volvió a tener reparos del interventor, que pidió una memoria valorativa de lo realizado. Cuando el aparejador dio el visto bueno, alegó embargos con la Seguridad Social. Al final, en marzo de este año, un nuevo reparo, "en una actitud desconcertante", negó el pago alegando que no hay consignación presupuestaria.

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