Quieren crear un servicio municipal que tenga como objetivo encargarse del control y seguimiento de las concesiones administrativas.
Crear un servicio municipal que se encargue del control y el seguimiento de las concesiones administrativas es una de las conclusiones a las que han llegado los grupos políticos del Concello una vez finalizada la comisión de investigación sobre las obras de la Molinera. En el acuerdo, se establece que se estudie la puesta en marcha de este servicio dentro de la nueva relación de puestos de trabajo.
Por otro lado, proponen que se revisen los criterios de adjudicación en las concesiones de obras "para que as ofertas cunha redución elevada sobre o custo do proxecto non comprometa o futuro do mesmo".
Aunque estos puntos se acuerdan "de forma unánime", según subraya en el acta el presidente de la comisión, el popular Aurelio Gómez Villar, los representantes de las formaciones políticas aportan sus conclusiones diferenciadas "para que se incorporen como definitivas a esta comisión, a modo de voto particular".
Así, la representante del PSOE, Áurea Soto, defiende que el procedimiento seguido tras la quiebra de la empresa que ejecutaba las obras y que "non puido axilizarse o procedemento de rescisión". Sostiene también que, "ante a excepcionalidade como é a quebra dunha empresa, tentouse a celeridade na xestión e a elección de Tragsa, o que foi truncado polo interventor".
Mientras, el grupo municipal del PP plantea sus dudas sobre el importe de la obra del futuro centro de conocimiento, toda vez que se adjudicó por 1.098.506 euros y se pagaron certificaciones por 1.068.414 euros. Por lo tanto, tal y como deja constar este grupo político, "non se xustifica suficientemente que agora se teñan que adicar 320.000 euros a rematar dita obra". Del mismo modo, los populares recogen como consecuencia negativa que "a deficiente xestión deste proxectos, só no custe en materia de vixiancia privada, é de máis de 160.000 euros. E, ademais, contando con reparos da Intervención municipal de ditos pagos". El PP cuestiona, asimismo, que se comprase el material informático en 2012, por lo que "hoxendía, xa non son punteiros". Por todo ello, los populares sugieren el control permanente de las concesiones administrativas.
Por su parte, el BNG destaca igualmente los elevados costes en materia de vigilancia privada y las dificultades de la comisión "para atopar os diferentes documentos que deberían formar un único expediente", lo que denota "a aparente falta de control administrativo directo sobre a xestión de continuidade das concesións.
