Más de la mitad de las propiedades legalizadas eran construcciones nuevas y un 3%, piscinas sin declarar, 800 en total
La Dirección General del Catastro, organismo que depende del Ministerio de Hacienda, descubrió cerca de 27.000 inmuebles sin regularizar en la provincia. Este es el resultado del Plan de Regularización Catastral que está desplegando Hacienda en todos los municipios de España. El proceso comenzó en el año 2013 y su objetivo es poner al día todos los bienes inmuebles del Estado, para lo que el Ministerio preveía 'peinar' todas las propiedades en el plazo de tres años.
Estaba prevista su finalización en el presente año 2016, aunque está abierta la posibilidad de ampliarlo a 2017 si no se completa toda la programación prevista.
Los trabajos de revisión de las propiedades inmobiliarias del país corre a cargo de empresas especializadas, que recorren calles y fincas supervisando es el estado de todos los inmuebles, con el fin de detectar todos los cambios que se pudieron producir, como reformas, obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones.
Todos los que no tengan estos bienes al día deberán pagar una tasa de 60 euros, con la que Hacienda asegura que financia todo este proceso de revisión. Asimismo, se le asigna un valor catastral el bien que está en situación irregular, que pasará a figurar en el padrón inmobiliario municipal y que servirá para que los concellos pasen a partir de ese momento el correspondiente recibo por IBI. Además, el propietario del bien no declarado deberá abonar el importe de los años anteriores no prescritos, un máximo de cinco años.
Municipios revisados
A día 20 de julio de 2016 las empresas contratadas por el Catastro habían 'peinado' 38 municipios de la provincia de Ourense, revisando un total de 185.799 inmuebles. Entre estos fueron detectados un total de 26.764 inmuebles que no estaban regularizados, lo que supone un 14,40 por ciento de las propiedades supervisadas.
Las principales infracciones que se detectaron en esos 38 municipios ourensanos tienen que ver con nuevas construcciones que estaban sin regularizar en el catastro. Estas ascendieron a cerca de 14.000 unidades, lo que supone un 53% de las irregularidades detectadas, un capítulo este que generó no pocas quejas, polémica y reclamaciones, ya que se vieron afectados en muchos casos como alpendres, gallineros, casetas de perros y construcciones similares.
El segundo lugar en este capítulo de irregularidades detectadas fueron las ampliaciones y rehabilitaciones, con 9.000 propiedades sin regularizar. Según los datos de Hacienda, también se identificaron en estos 38 municipios un total de 2.600 propiedades en las que se habían realizado reformas y cambios de uso que no habían sido incorporadas al catastro inmobiliario municipal.
Un aspecto que destaca en estos resultados que facilitó el Ministerio de Hacienda a finales del pasado mes de julio es el de las piscinas. Los inspectores que realizan la regularización del catastro descubrieron que en las propiedades analizadas había más de 800 piscinas que estaban sin declarar, una cifra que supone el 3 por ciento de todas las propiedades irregulares que fueron detectadas en los ayuntamientos en los que ya culminó el proceso de regularización.
El incremento medio de la cuota íntegra del IBI que supuso esta regularización en los concellos analizados fue de un 6,79%, según los datos facilitados por la Dirección General del Catastro. Según este informe, el aumento de la cuota íntegra del IBI por los atrasos sumó casi cinco millones de euros, 4.998.484 euros, en concreto, mientras que el incremento total del IBI tras regulrizar los inmuebles en esos 38 concellos ascendió 9.170.379 euros. El aumento medio del recibo del IBI urbano por inmueble fue de 92 euros., mientras que en concepto de atrados la liquidación media fue de 228 euros.
