FONDOS PÚBLICOS

Hacienda reclama ahora 66.000 euros por las aceras del alcalde

photo_camera Rosendo Fernández.

El PP dio a conocer el requerimiento y anunció nuevas acusaciones al fiscal contra el regidor 

El portavoz del grupo municipal del PP, Rosendo Fernández, anunció ayer que su partido añadirá la acusación de falsedad en documento público a la querella que presentó en mayo en la Fiscalía contra el alcalde ourensano, Agustín Fernández, por urbanizar la calle Clara Corral Aller, en la que vive, con cargo a los fondos públicos del plan E, que fueron solicitados con el requisito de que no había otras ayudas para esas obras, "cuando en realidad, existían avales de tres vecinos -incluido él mismo- destinados a dicha calle", según señaló el "popular".

De hecho, Rosendo Fernández dio a conocer que su grupo municipal tenía en su poder "un segundo requerimiento de la Hacienda Pública", reclamando al Concello de Ourense 66.513 euros por "posible cofinanciación, pues sí que había otro dinero destinado a esas obras que era el de los avales depositados por los propietarios de las viviendas", detalló, al tiempo que explicó que dicho requerimiento estaba "oculto desde el pasado 12 de agosto" y, aunque fue solicitado por el PP desde el pasado septiembre, "no nos fue entregado hasta el pasado lunes".

El Ministerio de Hacienda exige ahora al Concello que pague "esa parte cofinanciada de las obras", una cifra que se une a los 30.000 euros que ya tuvo que abonar el Consistorio -27.022 euros más los intereses de demora-, en este caso, correspondientes a determinadas mejoras que no figuraban en el proyecto inicialmente subvencionado, cuantía que ha sido abonada.

Por su parte, el regidor Agustín Fernández, acusó al portavoz del PP de decir lo que dice "con la única finalidad" de ganar el Ayuntamiento de Ourense "y perjudicar" al alcalde y, por eso, hace "todo lo posible" para que se pierdan ayudas para obras y servicios en la ciudad.

Admitió los requerimientos del Ministerio de Hacienda y la apertura de un expediente "para valorar" si existe cofinanciación, "como se hace en todas las obras, para comprobar la existencia de alguna subvención".

A ese expediente, según el regidor, ya se presentaron las alegaciones en las que los técnicos municipales, "incluido el interventor" consideran que no existe esa cofinanciación, "así que ahora hay que esperar la resolución del ministerio y se afrontarán luego los recursos pertinentes".

Entre las alegaciones, se incluye una posible prescripción de la posibilidad de devolver los fondos, pues caduca a los cuatro años de ser solicitados.

Además, se entiende, por parte de los técnicos municipales, que esto no es más que "un proceso de comprobación por parte del ministerio, al ver en la prensa que había avalistas privados".

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