El organismo de cuenca reconoce que la zona que el edil considera pública es propiedad privada.
El portavoz municipal del BNG, Xosé Somoza, defendió ayer la legalidad de los pasos administrativos dados para la rehabilitación de una casa con finca que adquirió en Oira, una vivienda que derribó para reconstruir sobre ella y en la que, tras alegar, consiguió ser eximido de pagar el aval de la posible urbanización de la zona. Somoza, que mantiene un pleito con una familia vecina por la titularidad y el derecho de paso de una franja de terreno en la calle Marcial Valladares (a donde da la parte posterior de su parcela), se pronunció finalmente ayer a través de un comunicado público, al que aportó diversa documentación técnica favorable a sus intereses, aunque falta un informe de otra funcionaria, el que le exigía depositar el aval contra el que alegó con éxito recientemente.
Además del aval, la titularidad del paso por Marcial Valladares es el otro punto de conflicto en este asunto, y si bien el Concello reconoce que la calle no es de titularidad municipal, sostiene que es suelo público, y además así consta en el nuevo planeamiento en tramitación. Pero la Confederación Hidrográfica del Miño, con competencias en estos trámites porque la finca está al lado del regato de Oira, atribuyó ayer la propiedad a la familia denunciante, y anunció que así lo había comunicado ya a las partes en disputa: los vecinos que alegan ser titulares del terreno y el propio concejal.
El gabinete de prensa de la Hidrográfica precisó que en Marcial de Valladares se expropió como servidumbre de acueducto un terreno de 20 metros cuadrados; en ellos, la Hidrográfica no se queda con el derecho de propiedad pero restringe actividad y construcciones. Otros 86 metros cuadrados los utilizó como servidumbre de ocupación, y ya han sido devueltos, dice, a sus propietarios, la familia denunciante, por lo que de quedar así la titularidad, el acceso rodado del concejal a su casa por ese punto se muestra practicamente imposible si no llega a un acuerdo con sus vecinos, aunque tiene permiso de la Confederación para el cierre de la finca, eso sí, a cinco metros de la zona de servidumbre.
La defensa
Xosé Somoza esgrimió en el comunicado informes del año pasado, del ingeniero municipal y la arquitecta, indicando que "non cabe a fixación de aval por estar as referidas obras de urbanización no orzamento do proxecto presentado". Y un asesor jurídico consideró que al haber una vivienda preexistente tampoco se debe fijar ese aval. Sobre la titularidad de los accesos, apela al catastro y a técnicos municipales que defendieron el uso público de ese suelo, que ahora la Hidrográfica descarta.
También cuestionó la actitud de los vecinos denunciantes, cuyos "altercados" obligaron a parar la obra el pasado 24 de marzo, cuando impidieron el asfaltado de un tramo de calle colocando piedras. Ante la "gravidade das ameazas", y el consejo de la Policía Local, se optó por parar. Con sorna, Somoza también asegura que el expediente de su casa es el más transparente del Concello porque pasó por múltiples técnicos y también "foi revisado recentemente" por el PP y DO.
