El alcalde acumula así dos imputaciones, y seis la concejala de Urbanismo
Los miembros de la junta de gobierno del bipartito de la ciudad volverán al Juzgado para declarar como imputados, en este caso por presuntas irregularidades en el pago de una indemnización de 358.000 euros a una particular que pleiteó contra la Plaza de San Antonio y en la concesión de una licencia al parking subterráneo. Así lo ha decidido el juez que instruye la causa, Leonardo Alvarez, en la que la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ya ha tenido que declarar como imputada, al igual que su abogado, Carlos Hernández.
El auto del magistrado se refiere a los políticos que ratificaron los dos acuerdos, adoptados en 2007 y 2009. El juez cita a declarar para el próximo 17 de septiembre al alcalde, Agustín Fernández (entonces concejal de Hacienda); el exalcalde Francisco Rodríguez, el exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, y Ana Garrido y Demetrio Espinosa. Al día siguiente cita a Marga Martín, Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas. Todos declararán en calidad de imputados "por si los hechos que se le atribuyen fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación".
La ampliación de la imputación a todos los miembros de la junta de gobierno era esperada después de que el magistrado solicitase al Concello, el pasado junio, certificación de los asistentes, en la instrucción de una causa que se abrió con la denuncia de Democracia Ourensana pero en la que la querellante es la hija de Bautista Rodríguez, un promotor que mantiene varios conflictos con el Concello.
Los mismos miembros del bipartito que gobernaba aquel año la ciudad también están imputados en otra causa, la relacionada con las obras de la calle Bedoya, que en este caso instruye el juez Antonio Piña. Con todo, la edil de Urbanismo, Aurea Soto, es la actual concejala del gobierno local que acumula más imputaciones en los juzgados, hasta seis causas incluida esta nueva.
El abogado de la querellante, Antonio Feijóo, consideraba ayer que la imputación "es una decisión del instructor plenamente correcta, y que aunque en principio considero responsables de la prevaricación únicamente a Aurea Soto y al abogado Carlos Hernández, ello no descarta que pueda extender la acusación a otros miembros de la junta de gobierno en función de su grado de participación real".
