TRIBUNALES - OURENSE

Un juez decidirá si se paga 1,8 millones por un accidente grave

Gabriel A.M.,este miércoles en el juicio en el Penal 2.
photo_camera Gabriel A.M.,este miércoles en el juicio en el Penal 2.

La víctima de un choque, que tuvo lugar en San Cibrao, por la imprudencia de un conductor drogado está en estado vegetativo

Ramón G.C., de 66 años, vive entre la cama, el sillón y una silla de ruedas en la clínica Quirón Salud de Poio (Pontevedra). Está totalmente paralizado, desorientado, no puede comunicarse y precisa cuidados constantes. Un accidente de tráfico por la imprudencia grave de un joven conductor, quien había bebido alcohol y esnifado cocaína, lo dejó en estado vegetativo al trazar una curva e invadir el carril de la OU-540 (a su paso por San Cibrao) por el que la víctima circulaba correctamente el 16 de julio de 2016 a las 07,40 horas.

La acusación particular reclama una indemnización total de 1,8 millones de euros para hacer frente a las secuelas y a las facturas del centro neuro-rehabilitador en el que está ingresado. La estancia mensual tiene un coste de 4.500 euro.

Por su parte, la compañía Reale, la aseguradora del coche que provocó el accidente, consignó por las lesiones y la incapacidad total 1,3 millones. La diferencia se dirimió este miércoles en la vista penal que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal 2, en donde solo se discutió la responsabilidad penal, que la fiscal da por satisfecha.

Gabriel A.M., al inicio de la vista, se declaró culpable de un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con otro de lesiones imprudentes. Aceptó dos años de prisión, pero, según aclaró el juez, no ingresará en la cárcel si no delinque de nuevo durante el periodo que dure la condena ya que no tiene antecedentes. El fallo también lleva pareja la retirada del carné por dos años y medio y un día, lo que supone la pérdida de la vigencia.


Vista oral


Durante la vista oral, solo se discutió la cuantía de la indemnización, con las declaraciones de dos peritos y una forense. Todos ellos coinciden en que su estado de salud es precario, por las complicaciones derivadas del elevado riesgo de infecciones respiratorias, urinarias o digestivas. Alguno incluso aventuró su esperanza media de vida: unos cinco años frente a los 17 que da el INE de media a una persona de esa misma edad.

Los peritos propuestos por la defensa y la aseguradora no coinciden en las valoraciones de los perjuicios patrimonial y particular desde que se le dio el alta en el CHUO, y sobre si debe seguir hospitalizado. El paciente, desde ese momento, fue sometido a una rehabilitación intensiva que posteriormente dio paso a otra de mantenimiento.

La forense del Imelga de Pontevedra que la examinó precisó que en la clínica solo se le pueden prestar cuidados paliativos porque el estado de salud de Ramón G.C. "nunca irá a mejor".

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