TRIBUNALES

El juez obliga a un municipio balear a indemnizar a Copasa

Estimó el recurso de la constructora a raíz de ejecutar un centro de salud hace una década

Centro de salud de Sant Antoni, construido por Copasa.
Centro de salud de Sant Antoni, construido por Copasa.
El juez obliga a un municipio balear a indemnizar a Copasa

La empresa ourensana Copasa gana una batalla judicial al ayuntamiento balear de Sant Antoni de Portmany, que deberá indemnizar a la constructora con 676.933,45 euros (incluye intereses de demora) por la obra realizada hace una década para construir un centro de salud en la localidad, cantidad que hay que sumar a los más de cuatro millones percibidos en su momento por una obra adjudicada por 5,12 millones. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma.

La empresa se vio envuelta en un conflicto entre el Ayuntamiento de San Antoni y el Govern balear, ya que el primero se comprometió a adelantar el coste de las obras del centro de salud pese a tratarse de una dependencia autonómica, por lo que Copasa no cobraba ni de una administración ni de otra debido a que se pusieron en cuestión los plazos de la obra, inicialmente prevista para 10 meses pero que se alargó hasta los dos años.

Copasa defendió en todo momento que la demora no era atribuible en ningún caso a la empresa, algo que el juez ha determinado apoyándose en la prueba practicada por un perito, que sostuvo que "las causas no eran imputables a la constructora", como alegaba el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Este fue el principal argumento esgrimido por el juez en su sentencia para dar la razón a Copasa, que solicitaba una indemnización de 395.836 euros relativos a la revisión de precios, cantidad a la que se añadieron los intereses de demora devengados desde el año 2010, elevando la cifra hasta rozar los 677.000. 


"Las relaciones entre Govern y Ayuntamiento no tienen influencia"


Las diferencias entre el Ayuntamiento balear y el Gobierno autonómico desencadenaron los problemas, pero el juez entendió que Copasa no tenía por que ser víctima de las discrepancias surgidas por la interpretación del contrato. "Sin perjuicio de las relaciones que pudieran existir entre el Govern y el Ayuntamiento, ninguna influencia puede tener en las pretensiones formuladas", expone el magistrado en la sentencia emitida.

El pleito ha generado una importante polémica en el municipio balear, ocasionando una crisis política que ha obligado a realizar una modificación presupuestaria para hacer frente a la indemnización que se tendrá que abonar a Copasa.

Desde el grupo del PP se ha instado también al gobierno local (un tripartito encabezado por el PSOE) a reclamar que sea la administración autonómica la que se haga cargo de la cantidad que se debe abonar a la constructora ourensana.