El supuesto homicidio de un policía en 2016 aún está pendiente de testificales y pruebas periciales
A las circunstancias que rodean la muerte del policía nacional Celso Blanco el 9 de abril de 2016 en su despacho de la quinta planta de la Comisaría aún les queda mucho recorrido. La instrucción judicial, que estuvo bajo secreto de sumario hasta mediados de enero de este año, tiene que ganar más peso, sin olvidar que hace tiempo que abandonó el normopeso con sus 20 tomos.
La titular de Instrucción 3, Eva Armesto, acordó ampliar el plazo una vez concluidos los seis meses de rigor que se otorga a las causas sencillas. Nunca se barajó la posibilidad de que el supuesto crimen que investiga fuera fácil. A petición de la acusación particular, la familia del agente muerto, optó por el camino más largo teniendo en previsión que queda mucho por decir. No acordó un añadido de 18 meses por ser causa compleja sino que amplió con un solo auto el plazo de la instrucción sumarial tres años, cuyo reloj se puso a contar desde el 20 de julio.
La petición del letrado de los dos investigados, los policías gemelos Roy y Bernardo D.L., de finales de junio solicitando el archivo de las actuaciones en el contexto de las diligencias 797/2016 se presume precipitada a tenor de la ampliación acordada. Basaba su petición en falta de pruebas o indicios sólidos para incriminar a sus clientes.
Pese a los prolijos informes ya aportados a la causa -Policía Científica, Toxicología, Balística, análisis de ADN, autopsia psicológica de la Sección de Análisis de Conducta, reconstrucciones en la comisaría (la jueza ya fue tres veces)- fuentes judiciales aclaran que quedan periciales y alguna testifical pendiente que alargarán la instrucción. Es decir, quedan más diligencias previas y el auto de apertura de juicio oral o archivo no se contempla a corto plazo.
Por el camino, han caído delitos como la sustracción de armas, ya que la Audiencia aclaró que esa parte le correspondía a Instrucción 1, con el caso sobre la mesa para decidir si acuerda llamar o no como investigados a los gemelos tras el examen del informe de la UDEV de Ourense que atribuye a los gemelos y al policía fallecido el plan para sustraer pistolas y anónimos injuriosos para que investigaran a compañeros.
También en estos días el juez de Instrucción 2 debe pronunciarse de nuevo para acordar si archiva o no por prescripción la parte de los anónimos enviados a los medios de comunicación . Se había inhibido a favor de Instrucción 3 pero la Audiencia le devolvió el asunto.
Una querella pendiente
La jueza de Instrucción 3 decidirá en los próximos días si instruye la denuncia presentada por el ex inspector de drogas, Antonio R.F., contra los gemelos por delitos relacionados con la trama de los últimos años en la Policía Nacional en relación al acceso ilegal a las bases de datos -por la supuesta entrada con claves de otros agentes-, denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, así como pertenencia a grupo criminal, los delitos que UDEV había atribuido a los hermanos y al agente fallecido.
La querella le tocó por turno a Instrucción 1 pero el juez fue recusado (un caso pendiente de resolución por parte de la Audiencia).
Antonio R.F. considera que el titular de ese órgano, el magistrado Leonardo Álvarez, no es imparcial. En sus argumentos, habla de una supuesta "amistad íntima" con los hermanos, por compartir planes (cenas), grupo de Whatsapp e invitaciones a la galería de tiro de la comisaría. El citado magistrado imputó al ex jefe de estupefacientes junto a otros tres policías en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas por supuestamente favorecer a confidentes en sus actividades ilícitas. Este último caso, está pendiente de juicio.
