El decano de los jueces advierte que la huelga indefinida es "excesiva" y acarrea "problemas muy serios"
Cerca de un centenar de trabajadores de la Administración de Xustiza en Ourense fue desalojado a las cuatro y media de la tarde de ayer del vestíbulo del edificio judicial de O Couto a instancias de un amplio dispositivo de seguridad, 19 agentes de la Policía Nacional y Autonómica movilizados por la autoridad judicial. Media hora antes, el decano de los jueces, Leonardo Álvarez, se presentaba en las instalaciones para poner fin al encierro, que comenzó pasada la una del mediodía tras la asamblea desarrollada en la mañana de ayer.
Los funcionarios abandonaron pacíficamente las instalaciones tras conversar con el responsable del dispositivo policial, sin que fuera necesario el uso de la fuerza. A su salida corearon ante el despliegue de agentes su malestar: "Aquí está, aquí se ve a xustiza en pé". Aunque alguno de los desalojados expresó su enojo ante los policías, ya que se trataba de una acción reivindicativa, el coordinador del dispositivo, el inspector Carlos Vázquez, les agradecía con amabilidad su colaboración en una situación que se resolvió sin denuncias.
Mientras, el decano, contrariado, justificaba el desalojo. "Es una ocupación ilegal porque este es un edificio destinado exclusivamente a funciones judiciales, no puede utilizarse para actividades ajenas. El responsable del edificio soy yo y, al no ser pagador, no estoy en conflicto con ellos ". Según reconocía, se enteró del encierro por el TSXG.
La huelga, indefinida desde hace 42 días, "comienza a ser excesiva", según valoró Álvarez, quien no dudo en reconocer las negativas consecuencias: "Acarrea problemas muy serios", destacó. El seguimiento mayoritario en Ourense, con una media del 85%, según el comité de huelga, se traduce en que "no se mueve un papel".
Hasta la fecha, en la ciudad se suspendieron 1.199 juicios, alguno para la agenda del año 2019, y 93 declaraciones. En el Registro Civil, la afluencia de usuarios es cada vez mayor, con días en los que hay cerca de 200 personas. Las instrucciones penales están completamente paralizadas y hay juicios que ya fueron aplazados dos veces por motivo de la huelga y van camino de una tercera.
“Rueda es un irresponsable"
La medida acordada ayer obedeció al "rechazo absoluto a la actitud prepotente y dictatorial de la Xunta", valoró José Antonio Sotelo, de la CSIF, quien incidió en la postura "pétrea e inmovilista" a la hora de abordar el complemento autonómico con "una oferta ultimatum" (105, 108, 133 y 135 euros para forenses frente a los 190 lineales que pide el comité de huelga).
La oferta de ahora, según el responsable de Xustiza de la UGT en Galicia, Manuel González Carvajal, "es inasumible en este momento". El coste de los 45 días de huelga (hubo tres jornadas previas), supera los tres millones y medio de euros, tal como recordó. "Rueda es un irresponsable por meter a la sociedad gallega en una huelga con el fin de hacer caja de cara a un acuerdo como el que nos ofrece ahora ", dice. Nuria Fornos, de Alternativas na Xustiza CUT, recordó que el ministro Catalá anunció que va a subir a los funcionarios de Justicia del territorio sin competencias transferidas "el 5% de la masa salarial sin días de huelga de por medio", el mismo porcentaje que en Galicia tras la subida anunciada.
