El empresario será uno de los participantes en la mesa redonda del Foro La Región del próximo jueves
El empresario, gestor de empresas y vicepresidente de la CEO, José Manuel Díaz, será uno de los participantes en la mesa redonda de Foro La Región del próximo jueves 19 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel sobre la Nueva Ley de Contratación Pública recientemente aprobada.
¿Cómo ve esta nueva ley?
Es una ley que nos ha cogido por sorpresa, porque aunque es cierto que busca en la contratación pública agilidad, transparencia y calidad, el problema es que, debido a los nuevos requisitos que regula la norma, el sector empresarial y, sobre todo, las administraciones públicas, no estaban preparadas para aplicarla.
Es una ley que ya tenía que estar vigente desde 2016, que es cuando salen las directivas europeas. Lo que ha hecho el gobierno es tramitarla deprisa y corriendo. Es una ley que ha recibido mil enmiendas en el Parlamento, de las que se han aprobado prácticamente todas, pero al sector empresarial se le escuchó poco en su tramitación parlamentaria, para que fuera más completa.
¿Qué administraciones tendrán problemas?
Pues hay concellos pequeños que no están preparados para asumir esta nueva ley. Por ello consideramos que debía haber un periodo transitorio de adaptación; en este sentido prevemos que va a haber un colapso, porque sabemos de concellos de menos de 20.000 habitantes en nuestra provincia que no están preparados telemáticamente para afrontar esta nueva ley, así que tendrán que echar mano de profesionales o de la Diputación y eso generará retrasos, porque va a costarles sacar adelante el procedimiento público.
¿Qué novedades ofrece esta nueva ley?
Es cierto que ofrece ventajas. Busca agilidad en la tramitación a través del uso de la telemática y las nuevas tecnologías, lo que hace a esa contratación pública, al mismo tiempo, más transparente. Por otra parte, introduce una serie de requisitos nuevos, la denominada solvencia técnica, que se traduce en empresas que tengan currículum de obra, criterios medioambientales, aspectos sociales (como la apuesta por la paridad o la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla) o apuesta por la innovación. Todo eso se puntuará. También facilita que las empresas de nueva creación puedan acceder a obras de menos de tres millones de euros.
¿Y las desventajas?
La más importante es que desde el punto de vista local, cuando hablamos de concellos pequeños, las pymes van a entrar en competencia con todo tipo de empresas. Una obra que se realice en Carballiño, por ejemplo y que habitualmente se adjudicaba primero a la empresa local, ahora pueden acceder a ella empresas de cualquier punto de España o incluso Europa. Porque ahora se crea un registro único de licitadores, así que a esa obra de Carballiño podría acceder Ferrovial, por ejemplo. Esto implica una mayor transparencia, competitividad y, en consecuencia, una mayor calidad, pero penalizará a las pymes locales.
¿En conjunto cómo valora la ley el mundo empresarial?
Desde la CEOE se ha calificado como una ley prolija, larga y reglamentista, con 347 artículos, 53 disposiciones adicionales y 16 disposiciones finales, y que todavía tiene que desarrollarse. Así que criticamos la premura y extensión de la norma, así como la falta de ese periodo de adaptación.
