URBANISMO

La licencia de la praza de San Antonio deberá ser revisada

El juez emplaza al Concello de Ourense a decidir sobre la legalidad del parking subterráneo

La polémica judicial por la praza de San Antonio vive un nuevo episodio.
La polémica judicial por la praza de San Antonio vive un nuevo episodio.
La licencia de la praza de San Antonio deberá ser revisada

La praza de San Antonio del Concello de Ourense vive un nuevo capítulo de su culebrón judicial. El magistrado del Contencioso-Administrativo número 2 José Andrés Verdeja acaba de condenar a la administración local a iniciar, tramitar y resolver un expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el gobierno local el 5 de diciembre de 2007 relativo a la concesión, en vía de legalización, de las licencias urbanísticas de obra, ocupación, usos y actividad del subsuelo con la que opera el aparcamiento subterráneo.

El juez estima así el recurso interpuesto por Cristina Rodríguez, pero no al completo, ya que la demandante solicitaba la nulidad de los permisos concedidos, pero Verdeja optó por no entrar en el fondo del asunto, por lo que emplaza al Concello a "decidir acerca de la nulidad del acto", así como a otros aspectos planteados en el recurso por las partes demandadas (además del Concello, están Construcciones Hermanos Carrajo y Parking de Buenos Aires), como la caducidad de la acción pública del demandante o la inexistencia de la infracción.

El fallo, por su parte, no es firme y el letrado de Cristina Rodríguez ya ha anunciado que "valoro la posibilidad de recurrir porque podría ir incluso más allá, debiendo anular directamente las licencias, sin esperar a que lo haga el Concello".

Sostiene el abogado que "se deja meridianamente claro que el suelo de la plaza es público, por lo que no hay más remedio que declarar la nulidad y la recuperación del subsuelo".


Proceso largo


El pleito, iniciado en 2011, ha tenido un largo recorrido al solaparse con el procedimiento emprendido por DO contra la ex concejala de Urbanismo Áurea Soto por la vía penal al entender la existencia de prevaricación, un proceso por el que la exedil fue absuelta.

Una vez que este fallo fue firme, a mediados de 2016, los demandantes del contencioso solicitaron su reactivación, firmándose la última sentencia el 9 de febrero, pero retrasándose su publicación hasta ahora por la huelga.