Desde el 2014 las entidades financieras concedieron en la provincia préstamos hipotecarios por 506,8 millones de euros
Miles de ourensanos también están pendientes de la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre si el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe abonarlo el banco o el cliente cuando suscribe una hipoteca. El alto tribunal resolverá el 5 de noviembre esta cuestión, y hasta el momento se baraja como punto de partida para la reclamación todas aquellas hipotecas suscritas en los últimos cuatro años.
En ese caso, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en Ourense se concedieron desde octubre del 2014 hasta julio del 2018 —últimos datos facilitados por el INE— 5.637 hipotecas, por un valor total de algo más de 506 millones de euros. Como quiera que sobre esta cifra el cliente ha tenido que pagar el 1,5% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados —tasa que recauda la Xunta, aunque con alguna rebaja en casos concretos—, el dinero que sería objeto de reclamación por parte de los ourensanos afectados ante los bancos ascendería a alrededor de 7,6 millones de euros. Sin embargo esta cifra podría modificarse radicalmente dependiendo de lo que decida el Supremo el día 5 de noviembre. Entre otras cuestiones, en el pleno de ese día se determinará dónde se fija la retroactividad de la medida, si queda en cuatro años o se amplía.
¿Y qué sucede mientras tanto? Fuentes del sector bancario reconocen que se están sucediendo las consultas por parte de los hipotecados, pero no hay decisiones tomadas o se evita que trasciendan. Por su parte, los notarios, que validan la operación hipotecaria "deberán informar al consumidor del contenido de la sentencia —dictada el 16 de octubre— y de que hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo no es posible determinar quién es el sujeto pasivo del impuesto".
Así lo expresan fuentes del Colegio de Notarios de Galicia, que preside Isabel Louro. Este colectivo aclara, a renglón seguido, que "es lógico seguir autorizando las escrituras de préstamos hipotecarios con esta advertencia".
Una vez que se suscribe la hipoteca hay un mes de plazo para la liquidación del impuesto, pero la decisión del Supremo se conocerá antes. Es decir, como aclara el Colegio de Notarios de Galicia, "de esta manera se evitan, si así lo considera el interesado, eventuales perjuicios y se gana prioridad registral respecto de posibles cargas ulteriores". O sea, se aconseja que las partes que intervienen en la concesión del préstamo hipotecario puedan cerrar la operación, a salvo de que el Supremo aclare ya de forma irrevocable las obligaciones que contraen la entidad financiera y el cliente.
Entre la inseguridad jurídica y la lógica del mercado
Sobre la polémica decisión adoptada por el Supremo no todas las opiniones son coincidentes. Isabel Iglesias, economista que ejerce en Ourense, precisaba ayer mismo que "se ha creado una gran inseguridad jurídica" con la sentencia. Además, recuerda que con el impuesto "el banco no se está enriqueciendo" porque lo ingresa Hacienda. El Supremo decidirá en el pleno del día 5 cómo aplica la sentencia y uno de los asuntos más espinosos es la retroactividad. Considera Isabel Iglesias "injusto que se aplique con efectos retroactivos porque ellos ponen sus condiciones en función de los gastos que tienen que asumir en el momento en el que han hecho la operación". En ese escenario lo mejor hubiese sido que "las nuevas condiciones se apliquen a partir de la sentencia, no antes", al tiempo que anticipa que "el banco puede endurecer las condiciones en las que se darán las hipotecas".
Por otra parte, la Asociación Galega de Consumidores (Acouga) exige al presidente de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, "que se absteña de participar na decisión do pleno do 5 de novembro". Para el presidente de Acouga, Manuel Pérez Arias, el hecho de que el magistrado
"traballara como profesor entre 2015 e 2017 nun centro universitario pertencente á Asociación Española da Banca, o invalida para emitir un voto imparcial neste asunto". También el secretario general de esta organización de consumidores, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, considera que si el pleno del día 5 rectifica la doctrina que fija la sentencia, sería "unha decisión totalmente desaquelada, xa que sería aplicar a lóxica do mercado fronte á lóxica xurídica".
