El juez instructor exige una fianza de 303.352 euros a los cuatro acusados y da un plazo de un día para hacerlo
El Juzgado de Instrucción 1, en un auto notificado ayer, acordó la apertura de juicio oral por la mayor contaminación que sufrió el río Barbaña en su historia, en junio de 2009, a causa de un vertido altamente tóxico de metales pesados procedente de la estación depuradora de aguas residuales de San Cibrao. El grave impacto ambiental provocó la devastación del ecosistema fluvial: perecieron 17.000 peces, además de la mortandad de la fauna asociada, principalmente anfibios e incluso algún mamífero (nutria).
Los daños ocasionados al dominio público hidráulico ascendieron, según la estimación realizada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en el expediente sancionador incoado al Concello de San Cibrao, a 219.849 euros y 4.194 euros por el canon de control de vertidos complementario.
Precisamente, el juez requiere a los cuatro acusados en un delito contra el medio ambiente, técnicos y responsables de Espina y Delfín, la empresa que gestiona la EDAR de San Cibrao, que en el plazo de un día depositen conjunta y solidariamente con la empresa 303.352 euros de fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas del pleito penal. Mientras, según recoge el auto, el Concello de San Cibrao debe responder de esa cantidad en concepto de responsable civil subsidiario.
En su resolución, el instructor declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a uno de los dos juzgados de lo penal de Ourense, que desde que les llega un asunto tardan entre ocho y un año en fijar la vista oral por la saturación de las agendas.
Los investigados, Rosa Blanca R.G., Manuel C.M., Pablo R.P. y Enrique Jesús I.P., se sentarán en el banquillo de los acusados a finales del próximo año. Es decir, el episodio de contaminación llegará a juicio ocho años después de haberse producido.
En la bancada de las acusaciones, estará la fiscal de medio ambiente, Carmen Eiró, quien pese a las reticencias del juez de instrucción en inculpar a los acusados al no apreciar delito, finalmente logró que se instruyera la causa al recurrir el archivo ante la Audiencia provincial. También acusan la asociación vecinal San Breixo de Seixalbo y el abogado del Estado,quien se adhirió al escrito de calificación del ministerio público.
La fiscal reclama una pena de tres años de prisión para cada uno de los inculpados, además de multa de 18 meses a razón de 50 euros. La acusación popular pide tres años y cuatro meses y multa de 10 meses a 60 euros al día, así como la clausura de la EDAR para que deje de verter al Barbaña para asegurar el cese de la actividad contaminante.
