Un testigo, que en el 2008 ejercía como asesor del BNG en el Concello, afirma que ningún técnico advirtió irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle
Hixinio V., que en 2008 ejercía como asesor del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, ha declarado ante el juzgado de instrucción número dos de la ciudad que ninguno de los técnicos municipales advirtió irregularidades en la adjudicación de las obras de la rúa Bedoya.
De este modo, la declaración del asesor se suma a la prestada por el entonces edil de obras del BNG, Andrés García Mata, frente a lo explicado por los dos técnicos municipales que ya declararon. Tanto el asesor jurídico Luis T. (ahora imputado) como el interventor municipal afirmaron que sí alertaron sobre la elección del procedimiento de adjudicación.
Se trata de unas obras que fueron adjudicadas por procedimiento negociado y sin publicidad y en este caso no se descarta que pueda haber nuevos imputados de entre los miembros de la mesa de contratación.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez de instrucción tomó declaración al testigo y después informó a los abogados de que abrirá un plazo para que presenten petición de nuevas pruebas, en el momento en que él decida si imputa o no al tercer miembro de la mesa de contratación que en 2008 abrió las plicas de las tres empresas que optaron a la adjudicación de las obras.
ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación judicial comenzó en septiembre de 2013 tras la denuncia presentada por Democracia Ourensana por la adjudicación de las obras de mejora de la rúa Bedoya por 593.000 euros. Según declararon varios de los imputados, este procedimiento se escogió por la urgencia en cumplir los plazos para acceder a una subvención de 580.000 euros.
Durante la instrucción declararon como testigos los tres integrantes de la mesa de contratación, en la que estaban el edil de Obras en 2008 Andrés García Mata, del BNG, el asesor jurídico Luis T., y un auxiliar administrativo municipal.
En este momento, declararon como imputados los dos primeros integrantes de la mesa de contratación, toda la junta de Gobierno que en 2008 acordó adjudicar las obras a la empresa OCA y los tres empresarios que representan a las tres empresas que concurrieron en el procedimiento negociado y sin publicidad. En el caso de los políticos y técnicos, por posible prevaricación y en el caso de los empresarios por posibles delitos de
concertación para alteración del precio, en relación al de prevaricación administrativa.
La junta de gobierno que acordó la adjudicación el 6 de septiembre de 2008 estaba integrada por el exalcalde Francisco Rodríguez; el actual regidor y entonces edil de Facenda, Agustín Fernández; los exediles del BNG Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez, Marta Arribas y Andrés García Mata; y los entonces ediles socialistas Áurea Soto (ahora concejala de Urbanismo), Demetrio Espinosa y Marga Martín (actualmente de Sanidade); todos ellos imputados en al menos este caso.
CASI IDÉNTICA
La denuncia que desencadenó la instrucción por las obras de la rúa Bedoya, se refería también a otras obras de mejora, en la Praza de Paz Nóvoa, por la misma junta de Gobierno que adjudicó las de la rúa Bedoya, aunque la instrucción de ambos casos se dividió entre dos juzgados y la segunda aún se tramita en el juzgado número tres de la ciudad.
Por ese acuerdo, casi los mismos ediles y exediles socialistas y nacionalistas deberán comparecer en el juzgado de instrucción número 1 de Ourense, los días 17 y 18 de septiembre, para declarar como imputados en relación al caso de la Praza de Paz Nóvoa.
Así, en la tarde de ambos días, el titular del juzgado, Leonardo Álvarez, tomará declaración a todos los integrantes de las juntas de gobierno del 6 de marzo de 2009 y 5 de diciembre de 2013, que tomaron decisiones relacionadas con la legalización de viviendas y de un garaje colectivo en la Praza de San Antón, por posible delito de prevaricación, según el auto judicial emitido para citarlos a declarar.
En este caso la denuncia fue presentada por la hija de un constructor de la ciudad de Ourense, autora de tres de las querellas abiertas contra la edila de Urbanismo, Áurea Soto. La relativa a la Praza de San Antón apuntaba directamente a la concejala y a su actual abogado y en 2009 asesor jurídico del ayuntamiento, Carlos Hernández. Ambos declararon ya como imputados.
El auto judicial de julio llama a declarar con la misma condición de imputados al exalcalde Francisco Rodríguez; al actual regidor, Agustín Fernández; a los ediles del PSOE Ana Garrido y Marga Martín; al exedil socialista Demetrio Espinosa y a los exconcejales del BNG Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata, Marta Arribas e Isabel Pérez.
