REINCIDENTE

Nueva condena por incendio para un vecino de Manzaneda

photo_camera Aníbal Lorenzo ayer en la sala de vistas de la Audiencia (Foto: Xesús Fariñas)

La Audiencia también sentó en el banquillo a un brigadista que provocó tres fuegos en un día en Molgas 

Carlos García Basalo (64 años), vecino de Manzaneda, aceptó ayer una nueva condena -esta vez de dos años y medio de cárcel y nueve meses de multa a tres euros al día-por quemar el monte de su pueblo, un delito que ya le hizo pasar por la cárcel en ocasiones anteriores (dos sentencias de 29 de agosto de 2012 y 18 de septiembre de ese mismo año le imponían un total de 20 meses de prisión y 20 meses multa a tres euros diarios).

Ahora está en la cárcel por una tentativa de homicidio en enero del pasado año cuando, según aseguran fuentes judiciales, hacía poco que había abandonado el centro penitenciario y agredió con una hacha a dos vecinos de la aldea de Rebordepó a los que acusaba de delatarlo ante Guardia Civil sobre el proceso penal que lo sentó ayer en el banquillo de la Audiencia y por el que estuvo privado de libertad tres meses. Uno de los heridos, de 82 años, tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones que le provocó con el hacha en la cabeza.

El proceso penal de ayer, en el que hubo conformidad y por tanto no fue necesario convocar a un jurado popular, se refiere al fuego que quemó 0,9 hectáreas de monte raso (un conato) el 14 de septiembre de 2012, pasadas las nuve de la noche, en su propio pueblo.

La fiscal de Medio Ambiente le aplicó en la petición de pena la atenuante muy cualificada de anomalía psíquica ya que en principio reclama cinco años de cárcel.

Un caso de 2009

Por la sala de vistas, también compareció Aníbal Lorenzo Conde (37 años), un extrabajador de las brigadas de incendios de la Xunta que reconoció haber prendido tres fuegos el 3 de septiembre de 2009 en montes de Baños de Molgas y en un intervalo de cinco horas y media.

Los incendios calcinaron 2,5 hectáreas en el paraje conocido como "A Costa"; 0,10 en "O Pontón" y 0,01 en "San Vitorio".

Aceptó un año y medio de prisión y multa de 12 meses, a razón de tres euros al día, además de tener que hacer frente a 21.307 euros de gastos de extinción.

La fiscal rebajó la pena solicitada inicialmente (cuatro años de cárcel) ya que tuvo en cuenta que el inculpado tiene una capacidad intelectual baja y presenta un trastorno por dependencia del alcohol que le limita moderadamente sus capacidades intelictivas y volitivas.

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