La exploración ginecológica revela que las lesiones son compatibles con una penetración forzada
Los peritos que examinaron a la menor de 16 años que acusa a Joaquín Oliveira Cunha de rapto y violación en julio de 2012 creen fiable su versión y consideran que la relación sexual fue difícilmente consentida tal como sostiene el inculpado, quien asegura que le pagó 200 euros a cambio de sexo. De hecho, según aseguraron ayer en la sala de vistas de la Audiencia, la joven ha vivido todo ello como "una experiencia traumática". No en vano, hasta ese momento nunca había tenido relaciones sexuales con penetración.
La exploración ginecológica determinó que la joven presentaba signos compatibles con una "penetración forzada y violenta", con erosiones en sus genitales, difíciles de explicar en una relación consentida.
Asimismo, uno de los forenses precisó que las heridas que presentaba en las muñecas "son compatibles con ataduras y con su inmovilización" con cinta adhesiva. La denunciante dice que el inculpado, tras mantener relaciones sexuales con ella, la ató y la introdujo en un saco con la intención de echarla al río.
Las psicólogas han asegurado que la menor mantuvo el mismo relato constante a excepción de su primera declaración, la cual han atribuido a que en un primer momento prefirió "asumir lo que le indicaron que dijese -el procesado- y luego no fue capaz de mantener la primera versión".
Tanto la acusación particular como la Fiscalía han mantenido su petición de veinte años y nueve meses de prisión para el acusado, alegando el agravante de que la víctima tenía 16 años y que estuvo privada de libertad durante 12 horas.
La joven, cuando caminaba sola por Marcelo Macías hacia su casa a las 04,49 horas del 15 de julio, fue abordada por un desconocido que la amenazó con un cuchillo y la llevó a una vivienda suya en Portugal. Según las acusaciones, después de abusar de ella, la abandonó en la localidad de Valença do Miño tras darle 200 euros, dinero que le sirvió para coger un taxi a Vigo.
Por su parte, el letrado de la defensa planteó las inconsistencias tanto del relato como de las pruebas practicadas, ya que no se encontró el bolso, ni la documentación o el cuchillo. Para el letrado, con las pruebas es "prácticamente imposible determinar su culpabilidad", en base al hecho de que no se encontraron vestigios de haberla metido en el maletero y destacó el hecho de que la menor no había solicitado ayuda en la gasolinera en la que pararon a pesar de haber ido sola al baño.
Entre sus aportaciones, hizo valer un informe de un detective privado en el que se cuestiona que la perjudicada hubiera sido introducida en un saco porque no había signos de arrastren en su cuerpo.
El letrado también consideró "irracional" que su cliente hubiera recorrido una distancia de 200 kilómetros para cometer una agresión sexual.
La fiscal del caso, en su informe final, también recalcó el hecho de que la menor no tenía motivos espúreos para imputarle un falsa violación ya que tan siquiera lo conocía, con lo cual queda "descartado el móvil de la venganza". La acusación pública también resaltó en su conclusiones el testimonio del amigo de la chica que hablaba con ella por teléfono cuando ocurrieron los hechos y escuchó que ella hablaba asustada de una navaja y que se subía a un coche.
