SENTENCIA TSXG

Personal evitará el cese del personal de confianza ‘anulado'

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photo_camera La directora xeral de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez (Foto: Miguel Ángel)

La oposición le acusa de ocultar la sentencia y llevar al pleno del presupuesto un documento "ilegal" 

No habrá ceses en el Concello a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anula 41 puestos de trabajo de la administración local. Así lo aseguró ayer la directora xeral de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta, en una comparecencia en la que reiteró que los puestos de confianza y libre designación anulados por la Justicia "no son una innovación de este gobierno municipal", ya que, según ella, figuran en la relación de puestos de trabajo desde "2004". En todo caso, la socialista aseguró que el Concello prevé "cumplir la sentencia" -el plazo de ejecución es de dos meses- mediante la "subsanación de los defectos que ha estimado el tribunal" en la relación de puestos de trabajo. A su juicio, bastará con "motivar (la necesidad de) los puestos de eventuales y de libre designación" y, en el caso de los tres puestos anulados por ejercer labores directivas (coordinadores de área) funcionarios del grupo C, "se extraerá de sus funciones las vinculadas a la dirección".

La comparecencia de la directora xeral se produjo después de que el alcalde no acudiese a un acto incluido en su agenda en el colegio Curros Enríquez. No obstante, Agustín Fernández -cuya hija, contratada en el gabinete de prensa, es una de las afectadas- atribuyó la anulación de estos puestos a "motivos formais" y aseguró que "ninguén vai sair prexudicado".

En todo caso, la sentencia del Tribunal Superior ha abierto una nueva crisis entre el gobierno y la oposición, sobre todo, porque la resolución fue notificada al Concello el 3 de julio y el pasado 15 de julio se celebró el pleno de aprobación de presupuestos, en los que el capítulo uno (personal) es uno de los más importantes. Así, el PP pidió ayer por registro un certificado al secretario para que aclare si tenía conocimiento de la resolución. "Se o goberno municipal ocultou esta sentencia, puxo en serio risco a toda a Corporación, xa que de resultar aprobado o orzamento, tería incurrido nun delito de prevaricación todo o que levantase a man?", se preguntó el portavoz, Rosendo Fernández, que también solicitó una junta de portavoces al respecto, al igual que el BNG. Entre los 41 puestos anulados se encuentran también la auxiliar y los dos coordinadores de cada uno de los grupos de la oposición.

Por su parte, el BNG califica de "estafa á cidadanía" que se llevase al pleno "un documento ilegal a mantenta". Por su parte, Rodríguez Dacosta sostuvo que la relación de puestos de trabajo "no es un documento presupuestario".

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