TRIBUNALES

Cuatro pleitos al día por cláusulas suelo desbordan al juzgado especializado

Aunque fue dotado de una jueza de refuerzo, la oficina del Mercantil adolece la falta de funcionarios para la tramitación

En el Juzgado de Primera Instancia 4 de Ourense, los pleitos han saltado de los estantes y las mesas a las sillas y la tarima del suelo. El volumen de asuntos es tal que los papeles invaden cada rincón de la oficina. La puesta en escena no es una impostura, es simplemente el reflejo de una realidad: un juzgado totalmente desbordado por el papel.

La guinda la puso la asunción desde el 1 de junio de todos los procedimientos sobre las cláusulas suelo y otros relacionados con el vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa (sobre la que se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo) cuando el prestatario sea una persona física. Este órgano judicial tramita de media cuatro demandas diarias. En cinco meses -agosto es inhábil-, entraron más de 600.

Para poder asumir una materia atribuida de forma exclusiva, pero no excluyente, porque le llegan todos los procedimientos concursales y mercantiles de la provincia, fue liberado de una parte de la otra materia civil que le correspondía como juzgado de instancia ordinario. En un acuerdo de 31 de mayo de este mismo año, la junta sectorial de jueces acordaba por mayoría -no hubo unanimidad- que se le cerrase el turno para poder aliviarlo.

La titular del juzgado mercantil, Eva Martínez Gallego, asegura que “no es un problema de juez sino de oficina y de gestión” 

La decisión de urgencia adoptada por el Consejo General del Poder Judicial, para asignarle los litigios relacionados con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, fue para los siete meses que quedaban de año (hasta el 31 de diciembre de 2017), aunque con el matiz que podría se prorrogable por otros seis meses.  

Para la magistrada titular, Eva Martínez Gallego, al ciudadano le sería más operativo que las cláusulas suelo se repartieran por los juzgados de instancia ordinarios de toda la provincia. "No es igual que uno solo concentre 600 demandas a que 12 estemos conociendo de ese tema; la agilidad en la tramitación no puede ser la misma ni el tiempo de respuesta", explica.

“Necesitamos funcionarios"

La togada reconoce que, pese a tener el turno de materia civil cerrado, "la oficina está totalmente desbordada por el volumen de procedimientos de cláusulas suelo, gastos y concursal diario". Y aunque cuenta provisionalmente con una jueza de refuerzo para atender una parte de las cláusulas suelo (en breve concursará a destino), la titular cree que no basta. "Necesitamos funcionarios" -enfatiza- porque "no es un problema de juez sino de oficina y de gestión". 

Sin olvidar que el propio Consejo General del Poder Judicial preveía que a partir de 400 asuntos de cláusulas suelo se crearía un juzgado paralelo (bis). En Ourense, ya se rebasó con creces ese número e Instancia 4 no tiene ahora mismo capacidad para gestionar ese volumen de procedimientos.

Y, aunque la creación de un bis se antoja complicado por la falta de presupuesto, la magistrada reconoce que una solución viable sería la incorporación por parte de la Xunta de Galicia de medios de apoyo, o lo que es lo mismo, dos o tres funcionarios más en la plantilla que permitan agilizar los procedimientos y el tiempo de respuesta al ciudadano al menos mientras tenga atribuida las actuales competencias. 

Acusado descenso de los concursos de acreedores

Este juzgado, hasta finales de noviembre registró casi 1.100 procedimientos, además de 250 ejecuciones. Entre ellos, destacan las reclamaciones de la Sociedad General de Autores de Editores (SGAE) contra los bares, cafeterías y restaurantes por asuntos relacionados con la propiedad intelectual. Estas demandas han bajado un 20%, según valora Martínez Gallego, "aunque son más contundentes". El año cerrará con un centenar. Hasta hace poco -explica la jueza- , el volumen era tal que el juzgado debía reservar un día al mes exclusivamente para estos conflictos relacionados con la música y emisiones televisivas.

Además, tramita las reclamaciones de particulares a compañías aéreas y de transporte terrestre por pérdidas de maletas o por haber sufrido retrasos  en los horarios de llegada  (a partir de tres horas). El órgano judicial contabilizó 75 asuntos relacionadas con esta materia, que rondan entre los 250 euros (vuelos nacionales) a los 600 (internacionales).

En cuanto a los concursos de acreedores, el descenso está siendo muy acusado, más del 50%. Se declararon 15 (uno de ellos engloba a cinco empresas), cuando en estos últimos años rondaban los 40. En estos 15 -aumentarán porque los hay pendientes de documentación- tienen más presencia los llamados  concursos necesarios: la empresa, normalmente pequeña, no acude de forma voluntaria al juzgado y es el acreedor el que lo interesa al encontrarse con la persiana bajada.

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