CIUDAD

El PP atribuye al “rencor" la denuncia urbanística del PSOE

OURENSE. 03.07.2014. CONCELLO, R PRENSA AUREA SOTO. FOTO: MIGUEL ANGEL
photo_camera Aurea Soto, firmante de la denuncia

La concejala Áurea Soto insta a los jueces a investigar la exención del pago de los aprovechamientos urbanísticos y Rosendo Fernández la acusa de querer "morir matando" 

La concejala de Urbanismo de Ourense, Aurea Soto, quiere que se investigue "la manera de actuar de los gobiernos del PP" pues es "obvio que se regalaba el 10% de aprovechamientos urbanísticos" y hay quienes quieren "expulsar a los que impiden que eso siga así", refiriéndose especialmente a un promotor, Bautista Rodríguez (al que no ha citado en ningún momento), que ha iniciado un rosario de pleitos -"acompañado por sus acólitos de Democracia Orensana"- que ya le han costado a la edil y a otros miembros del gobierno local varias imputaciones judiciales. Ella, dice, no está dispuesta a que eso vuelva a ocurrir, de ahí la demanda.

La concejala de Urbanismo del Concello de Ourense argumentaba así -a preguntas de los periodistas en una comparecencia pública para presentar el PERI de Seixalbo- las razones de la denuncia penal que, a título particular, interpuso ayer mismo en el Juzgado de Guardia. Lo hace contra los responsables políticos -también sin especificar quiénes aunque en esos años gobernaba el PP en la ciudad- que entre 1997 (cuando la Ley del Suelo ya era clara en lo que respecta al cobro de los aprovechamientos o cesiones urbanísticas) y 2002 (poco antes de ser aprobado el PXOM) siguieron sin exigir a los constructores y promotores de la ciudad la cesión del 10% del aprovechamiento de suelo en ámbitos urbanos no consolidados, con lo que el patrimonio municipal de suelo perdió más de 1,6 millones de euros entre dinero en metálico, solares o bajos comerciales.

La reacción del grupo municipal del PP no se ha hecho esperar. El portavoz, Rosendo Fernández, sacó el acuerdo plenario de la Corporación en 1994 -gobernaba entonces el socialista Veiga Pombo- que decidió, con el visto bueno del secretario de entonces, Mariano Rodríguez, eximir a los promotores del pago del 10% al Concello, por las dudas que generaban los confusos artículos de la legislación vigente. Con todo, en el período denunciado ahora por Aurea Soto, ya había una nueva ley que clarificaba de forma tajante cómo debían producirse las cesiones urbanísticas, sin que se impusieran hasta después de 2002.

De todas formas, Rosendo Fernández calificó de "triste y deplorable" que, "con la que está lloviendo en el Concello", la concejala "tire de hemeroteca cuando lleva siete años gobernando y otros cuatro en la oposición y nunca denunció esos hechos". Para él, Soto, "quiere morir matando" y actúa "desde el rencor". Además, reprocha que presente la denuncia a título particular, aprovechándose, dice, de servicios públicos, porque la denuncia incorpora un informe del Consello de Contas, que fiscalizó el Concello entre 1999 y 2002, constatando las irregularidades, y otro del arquitecto y aparejador municipales, de 2004, que establecían los 15 ámbitos donde no se produjeron las obligadas cesiones de suelo, y la cuantificación de las pérdidas, 1.651.140 euros.

Pero la concejala fue ayer contundente, aunque escueta. Asoció la denuncia a las imputaciones que padece por "cosas sin relevancia", como la licencia en la Plaza de San Antonio, concedida por un gobierno del PP en 2000 "y que este gobierno arregló", poniendo además "orden", señaló, en el urbanismo de la ciudad.

Aurea Soto también mandó un mensaje a las instancias judiciales, sorprendida por la "agilidad" de algunas de sus actuaciones. Espera ahora que, con su denuncia, los jueces trabajen "arreo" para investigar lo sucedido y establecer responsabilidades, aunque auguró un largo recorrido a la demanda, segura de que acabará por verse en el Tribunal Supremo. E ironizando con algunas decisiones judiciales, respondió a los periodistas que no puede precisar cómo se va a realizar la investigación judicial: "Cómo voy a decirle yo a un juez lo que debe investigar? Pilar de Lara lo hace con cualquier cosa y algún juez de aquí cierra rápidamente las denuncias, como la de la compra de altavoces" a Jácome, de DO.

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