Sospecha el PP que pueda haber algún problema administrativo que frena el abono de la indemnización, seguramente por dejadez del gobierno local.
La demora del gobierno municipal de Ourense en el pago, por resolución judicial, de la responsabilidad patrimonial a la promotora Proavia, genera unos intereses de demora "cuantiosos" que la ciudad no se puede permitir. Por ello, y según explicó ayer el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, su grupo llevará al próximo pleno del 6 de febrero una propuesta para abonar de inmediato los 2.528.812,64 euros, más los intereses correspondientes, que debe cobrar la empresa, tras ganar un pleito de responsabilidad patrimonial por la caída del planeamiento urbanístico de 2003.
El fallo judicial data del 25 de septiembre de 2013 y está firmado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, pero ninguna cantidad se ha pagado a la empresa, según pudieron constatar los populares; por ello, en la moción piden que se cumpla "de inmediato co fallo xudicial" y que, en el caso de que la responsabilidad de no haber afrontado el pago a día de hoy sea por una "deixadez de funcións" del equipo de gobierno, sean los propios ediles socialistas los responsables de sufragar los intereses de demora, "e non os veciños de Ourense".
Recuerda el PP -que aún trató este asunto en una reciente junta de área de Facenda donde, dice, el propio responsable de la misma reconoció que no se había abonado la indemnización- que está ya aprobado y en vigor el presupuesto de 2014, trámite necesario para efectuar el pago, "pero non temos constancia de que a día de hoxe esa obriga legal fose satisfeita, cos conseguintes perxuizos que esto supón para as arcas municipais, polos elevados intereses de demora, que en enero pasado sumaban ya 120.000 euros.
Sospecha el PP que pueda haber algún problema administrativo que frena el abono de la indemnización, seguramente por dejadez del gobierno local.
El juez había reconocido la indemnización a Proavia al valorar el convenio de la promotora con el Concello como un auténtico contrato de obligada ejecución. Al caer judicialmente el Plan de 2003 y entrar en vigor el de 1986, la empresa no pudo efectuar el desarrollo urbanístico que tenía calculado, aunque el Concello sí ocupó en su momento una parte de la parcela, de ahí la indemnización compensatoria acordada.
