Urbanismo tuvo paralizado 15 días el expediente, agotando plazos.
El expediente de urbanización de la calle en la que reside el alcalde, Agustín Fernández, volverá a ser objeto de debate en el pleno municipal de mayo. El PP presentó ayer una moción para crear una comisión de investigación, integrada por todos los grupos políticos, que aclare "a presunta comisión dos delictos de suplantación de identidade e falsedade en documento público", en relación al papel de un vecino del regidor cuya firma habría sido falsificada. La petición se refiere tanto al expediente de urbanización de la calle como a otras urbanizaciones "que esta comisión estime oportuno (investigar) por albergar este tipo de irregularidades".
Los populares entienden que "ante a gravidade que poden supoñer estes feitos, no tocante á posta en entredito da transparencia e o bo facer dos trámites administrativos nesta institución" es "imprescindible unha investigación no eido político". Pero, sobre todo, el grupo con atención el proceso administrativo referente a la obligación que, según el interventor, tendría el alcalde de pagar casi 28.000 euros por la urbanización de su calle, realizada con cargo al Plan E y que llevó a la cancelación del aval de 10.633 euros que había depositado.
Ocurre que, después de la junta de gobierno extraordinaria del pasado jueves que acordó revisar el expediente para evitar su caducidad, la oposición considera que la posibilidad de que haya caducado parece más que probable, aunque es una cuestión que tendrán que dirimir los servicios jurídicos municipales y que no será efectiva hasta que se pronuncie al respecto otra junta de gobierno, que es el órgano que declara la caducidad de los expedientes.
De esta forma, a pesar de que se consideraba salvaguardada esa vigencia, un informe de una técnico concluía que la caducidad no se evita con la apertura de un procedimiento, sino con su resolución. En este caso, el alcalde presentó las alegaciones -en las que renunciaba a alegar en la vía administrativa- en plazo, el pasado 14 de abril, pero la entidad bancaria en la que fue depositado el aval no pudo hacerlo al ser notificada a escasos días de que finalizara el plazo para la caducidad del expediente, el pasado martes.
Suspicacias
Por todo ello, y a pesar de que la técnica pidió que la junta de gobierno no votase la dación de cuenta de su informe por las "suspicacias verquidas sobre a miña profesionalidade", aludiendo a diferencias de criterio con el gobierno local, y se nombrase a otro técnico, la junta de gobierno dio cuenta de este informe. Ahora será cuando los servicios jurídicos determinen si, al no haber podido alegar el banco y resolverse el expediente, éste ha caducado.
Desde el PP se considera "clave el hecho de que el expediente estuviera paralizado 15 días en Urbanismo para que después los técnicos se abstuvieran de informar", señalan fuentes del grupo municipal, ya que, añaden, "podrían haber entrado en plazo los 10 días de las alegaciones del banco". Si eso es así y el expediente se declara prescrito, la cuestión será trasladada a la Fiscalía por el PP.
Por su parte, Agustín Fernández cree que "xa é suficiente" todo el debate creado en torno a supuestas irregularidades en las obras de urbanización de la calle en la que reside y ha abogado por "pasar páxina" a fin de centrar todo el trabajo en la gestión municipal. El regidor, en una comparecencia en Oira, pidió a la oposición que se ocupe de la gestión de asuntos municipales.
