Las dudas generadas por la sentencia que anula la contratación de personal otorgan al acuerdo municipal un resultado incierto
Incapaz de lograr el apoyo de la oposición para obtener la mayoría en el pleno extraordinario del pasado martes, el gobierno municipal socialista tuvo que recurrir ayer a la junta de gobierno para aprobar inicialmente los presupuestos de este año. La reunión, a la que no acudió la "pachista" Mónica Vázquez, se prolongó durante poco más de una hora, aunque el interventor y el asesor jurídico salieron del salón de plenos unos 20 minutos antes. "No tienen por qué estar en el momento de la votación", explicó después el concejal de Economía, José Ángel Vázquez Barquero, toda vez que los técnicos "hicieron sus reflexiones con respecto al procedimiento; no se habló de ilegalidades sino de diferentes aspectos del debate".
Entre estas cuestiones, los funcionarios plantearon que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula 41 puestos de la Administración local afecta a la tramitación de los presupuestos, toda vez que éstos dotan económicamente unos puestos que la resolución judicial ha anulado o modificado. No obstante, Vázquez Barquero insistió en que el gobierno cuenta con informes "escritos y verbales" que señalan que la resolución no repercute en el procedimiento. La relación de puestos de trabajo "no es un documento presupuestario", afirmó, recordando un informe de Recursos Humanos que ve "subsanables con carácter retroactivo" los motivos que llevaron al Tribunal Superior de Xustiza a anular estos puestos.
El edil socialista también esgrimió sendos informes del oficial mayor y el secretario en los que avalan la legalidad de aprobar los presupuestos en una junta de gobierno, supuesto incluido en la reforma de la ley de régimen local para los casos en que el pleno no apruebe los presupuestos, siempre y cuando éstos hubieran estado prorrogados el año anterior. En estos informes, no obstante, ninguno de los funcionarios hace referencia a la sentencia del TSXG y proponen el envío a la d¡fiscalización del interventor, que ya informó con anterioridad.
La oposición
El PP, no obstante, echa en falta un informe del interventor sobre los presupuestos, tal y como indica el secretario en su informe, algo que niega Vázquez Barquero. "No falta ningún informe preceptivo", aseguró, añadiendo que el documento aprobado ayer es el mismo al que dio luz verde la junta de gobierno en junio y que fue fiscalizado entonces por el interventor, al no incluir las enmiendas aprobadas por la oposición en el pleno extraordinario. El portavoz del PP, Rosendo Fernández, cree que "eso é mentira. O interventor fixo un informe fiscalizador para o pleno, pero non sabía nada da sentencia do Tribunal".
El portavoz popular aseguraba "non dar crédito" a la aprobación de los presupuestos "por parte dunha panda de amiguetes, na que tres están poliimputados, sen contar cos informes preceptivos". Ante esta situación, su grupo pidió por escrito "todos os informes que se incorporaron e se incorporarán ó expediente do orzamento dende o pleno".
Por su parte, el portavoz del BNG, Xosé Somoza, cree que, al no tener en cuenta la sentencia del TSXG, "pode haber algunha denuncia que xudicialice este orzamento e o teña en suspenso. Ademais, necesítase un plan económico financieiro e dubido que a Xunta o aprobe con estes antecedentes". Ve en esta aprobación "unha fuxida cara adiante" del gobierno municipal.
