Los sanitarios proponen aprovechar los recursos humanos; los padres quieren más especialistas
La asistencia primaria de pediatría en la provincia atraviesa un duro momento en el que se suman varios factores: falta de personal, sobrecarga de trabajo y jubilaciones próximas. Los profesionales coinciden en que llevan años advirtiendo a la Consellería de Sanidade que la situación empeoraría con los años, y alegan "poco interés" desde la administración para prevenir y encarar la falta de sanitarios de esta especialidad. Según ellos es "muy tarde" para remendar los errores, y predicen una época "todavía peor" para los próximos años. El futuro es poco esperanzador: en 2020 llegarán a la edad de jubilación alrededor de 12 pediatras en la provincia. "Aunque amplíen las plazas ahora, de qué sirve, si los residentes que empiezan ahora no pueden ejercer hasta dentro de cuatro años", explica Estrella Pérez, pediatra en el centro de salud de Valle Inclán.
Por otra parte, los sanitarios critican que desde hace años la tendencia es la de no cubrir bajas y vacaciones, lo que provoca que sean los compañeros se repartan el cupo de trabajo entre ellos. La sobrecarga de pacientes provoca, tal y como explican, presión asistencial, que repercute en la calidad y tiempo de la asistencia a los niños. Los padres reconocen la existencia de retrasos en las consultas o las esperas para las citas médicas, pero destacan que lo prefieren a la disminución de la calidad de la atención.
¿Solución?
Los profesionales piden que se manejen mejor los recursos humanos existentes. "El pediatra itinerante tiene que desaparecer, habrá que agrupar los recursos, si solo tienes a una persona y encima haces que pierda horas en transporte...", dice Pérez. Sindicatos y asociaciones de pediatras piden a la consellería recolocar a los especialistas de las zonas rurales en puntos estratégicos. Por su parte, la Xunta propuso recientemente la figura del pediatra de área, un profesional que se movería entre atención primaria y atención hospitalaria. Poco después de hacerse pública la medida, las asociaciones pediátricas manifestaron su profundo desacuerdo y la consellería dio marcha atrás, para prometer soluciones conjuntas.
