ENTREVISTA

Roberto Castro: "Mi deseo es que la Comisaría recupere cuanto antes toda la normalidad"

2op3296ss
photo_camera Roberto Castro, en un momento de la entrevista.

El subdelegado del Gobierno en Ourense acaba de cumplir seis años en el cargo

Acaba de cumplir seis años al frente del timón de la Subdelegación del Gobierno. Le tocó resistir  ante las protestas por los recortes durante la crisis económica. Ahora, se enfrenta a la problemática de la desaparición de armas, anónimos, la muerte de un policía y la detención de otros dos agentes de la Comisaría. Sus dos lemas: "El trabajo bien realizado" y que "la Subdelegación sea la casa de todos los ourensanos". 

¿Qué está pasando o pasó en la Comisaría? 

Todo lo que ha pasado está bajo una investigación judicial. Una vez que el asunto está en manos de la Justicia, yo no tengo nada que decir, más que desear que se resuelva cuanto antes, que se depuren las responsabilidades a las que hubiera lugar, tanto en la parte administrativa como en su caso en la penal. Desear que la Comisaría vuelva a la normalidad, porque tengo que  decir que la inmensa mayoría de los agentes son profesionales cualificados y están dedicados a la defensa de los ciudadanos y a velar por su seguridad. 

Pero como ciudadano tendrá su  opinión, ¿qué le parece?

No conozco todos los datos que se manejan en el proceso y, por lo tanto, sería injusto que emitiera un parecer sobre algo que no conozco. Sé lo que está publicado por los medios, que han desaparecido unas armas, apareció un agente muerto y hay unas serie de circunstancias referidas de supuestos temas relacionados con drogas, pero vuelvo a insistir, tengo que ser respetuoso con el poder judicial. Los ciudadanos saben que tienen una policía profesional. Por lo tanto debemos mirar hacia adelante con optimismo y pensar en la ciudadanía.

¿Todo lo ocurrido ha convertido la comisaría en un destino poco apetecible?

No me consta, no tengo conocimiento de eso. Los destinos a los que pueda acceder un funcionario siempre los hay mejores y peores,  aunque esto es a priori porque luego crees que vas a un lugar magnífico y te encuentras con dificultades y al revés.

Pero parece que no hay mucho interés por dirigir las brigadas de Seguridad Ciudadana, Judicial y Extranjería. 

Hay funcionarios que se jubilaron y eso necesariamente precisa de un reajuste, que se está realizando.

¿Pero hay interesados en esas plazas?

Supongo que sí, no me consta lo contrario.

Lo que pasa en la Comisaría es grave pero usted es reacio a dar un opinión...

Hombre como ciudadano no me gustaría que existieran este tipo de cosas.

La Guardia Civil parece que no está tan convulsa. ¿Hay problemas en la Comandancia?

No se han dado ese tipo de casos.

O sea, funciona mejor.

También la Policía Nacional funciona bien y prueba de ellos es que  con el trabajo que realizan ambos cuerpos de seguridad tenemos la provincia más segura de España. Y no lo digo yo. La prueba es la estadística de delitos. En Ourense, dentro en el cómputo general, estamos hablando de 20 delitos por cada 1.000 habitantes. Recuerde que en Galicia tenemos una media de 27 y en España de 44 por cada mil habitantes y ya no le hablo de otros países europeos. Curiosamente, muchas veces ponemos a los países nórdicos como ejemplo, pues en delitos tienen una  tasa de 120 o más por cada 1.000 habitantes.

¿Y cuál es su varita mágica? 

El trabajo bien hecho y el esfuerzo en la preocupación por el ciudadano. Ambos cuerpos realizan múltiples servicios humanitarios que no suelen ser noticia. 

¿Qué le quita el sueño? 

Lo que me sigue quitando el sueño son los dos casos que se han registrado en la provincia y aún están por resolver. En la demarcación de la Guardia Civil, el asesinato del párroco de Vilanova (Celanova) y en el caso de la Policía Nacional, el de Socorro Pérez. Quiero trasmitir a los familiares de estos dos fallecidos mi preocupación y la de las fuerzas de seguridad, que continúan trabajando para resolver ambos casos.

¿Avanzó la investigación?

Se sigue trabajando y terminará habiendo una resolución. Tiempo al tiempo. Tenga en cuenta que recientemente tuvimos un caso en Galicia muy mediático -Diana Quer- que al final terminó deteniéndose al autor. Pues como este caso, puede haber otros y se está trabajando duro. Pero no vamos a crear expectativas. Pero que se sepa que se está trabajando.

¿De los encapuchados nunca más se supo?

Se se sigue trabajando en los asaltos y terminarán siendo identificados. 

¿Durante la crisis cuál fue el peor momento?

Hubo mucha agitación, dos huelgas generales y manifestaciones. Pero a pesar de eso, vi mucha responsabilidad en la ciudadanía y en los sindicatos. Las manifestaciones se celebraron con toda normalidad. No hubo vandalismo. La respuesta fue civilizada.

¿Es necesaria hoy la figura de subdelegado?

Es muy necesaria. Primero, porque es la cabeza visible del Estado. En esta casa, tenemos muchas responsabilidades y competencias. Registro de documentos. Una unidad de violencia de género, unidades de actividades administrativas para armas y explosivos. Protección Civil, que acabamos de vivir un verano tremendo con víctimas mortales (incendios); reuniones y manifestaciones, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero debe ser comunicado. Extranjería, las infracciones que se comenten a diario, el jurado de expropiación forzosa. En extranjería hay mucha picaresca y tenemos que detectar las irregularidades. También nos preocupamos de que los ayuntamientos cumplan las normas del Estado. Durante la crisis el Estado central quiso controlar el gasto de los concellos y nos movíamos entre  contratos para servicios necesarios y lo que eran prácticas de cierta comodidad, holgura en la contratación, y eso no podíamos permitirlo.

¿Hacer cumplir la normativa le creó enemigos en los concellos?

Si alguien se creyó que era enemigo suyo por hacer cumplir la legalidad, pues bienvenida sea la enemistad. No he negado a nadie que contrate para un servicio básico.

¿Cuál es la infracción más frecuente entre los ciudadanos?

No voy a citar nombres, pero ahora mismo hay abierto un expediente  que puede llevar a una sanción de 40.000 euros por una falta grave en el campo de la seguridad privada. 

Estos días reunió las juntas locales de seguridad por el Entroido. ¿Que le piden los alcaldes?

Su preocupación es que la fiesta se celebre en paz, de forma tranquila y que no se convierta en un gran botellón. 

Te puede interesar