OURENSE

El robo de armas de comisaría, archivado por la falta de autor

El juez matiza que "hubo irregularidades en la custodia, recuento e investigación del robo de las pistolas"

El robo de armas de comisaría, archivado por la falta de autor

El robo que puso patas arriba a la Comisaría en 2014, y que abonó otros tres procedimientos judiciales, acaba de ser archivado por el juzgado que comandó la investigación. El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, en un auto notificado ayer, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias 3470/2014, por la sustracción de cuatro pistolas sin cargador y dos revólveres del búnker en el que se custodiaban, en las que figuraban como imputados desde el pasado año el responsable del armamento y tiro, Ernesto A.V., y el secretario general, Juan Manuel S.R.

Su decisión pone fin a un procedimiento judicial con muchas ramificaciones. Precisamente, la denuncia de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dando cuenta el 5 de septiembre de 2014 de la desaparición de tres armas de fuego el 14 de agosto -se amplió cuando se detectó la falta de otras tres el 18 de febrero de 2015- y el anónimo enviado a Asuntos Internos en noviembre de 2014 alertando del robo y otras irregularidades fueron el germen de la investigación de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y el supuesto trato de favor policial a confidentes, unas diligencias que también están en Instrucción 1 y en las que figuran 16 personas, cuatro de ellas policías del anterior grupo de drogas.

El magistrado considera que "de lo actuado hasta la fecha no han resultado indicios que permitan determinar quién puede haber sido el responsable de la sustracción del interior del búnker de la Comisaría de Ourense de seis armas de fuego". Es decir, exonera de toda responsabilidad al armero y al secretario general.

En un auto de 1 de septiembre de 2017, hacía lo propio con los 16 investigados de la Zamburiña. Y ya daba alguna pista: "No hay ninguna razón, tras las investigaciones practicadas, que lleve a pensar que alguna de dichas personas tuvo intervención en la sustracción investigada, en especial si tenemos en cuenta que parte de dichas armas de fuego aparecieron en la propia comisaría tras la muerte de un agente".

Pero la causa ahora archivada podría reabrirse en cualquier momento. En otro despacho cercano, el de la titular de Instrucción 3, Eva Armesto, también se investiga la falta de las armas en las diligencias 797/2016, en las que el robo con fuerza y otros delitos están supeditados al presunto asesinato del policía Celso Blanco. En este caso, la jueza considera a este último junto a los gemelos Roy y Bernardo D.L., también policías, responsables de la sustracción en el armero. El disparo mortal, del que responsabiliza a los hermanos, procede de una de las pistolas hurtadas. En la mesa del despacho estaban otras dos .

Pese a que el juez que primero inició las investigaciones de las armas, hace tres años y medio, aceptó la inhibición planteada por Armesto cuando se hizo cargo de la muerte del agente en su propio despacho el 9 de abril de 2016, la Audiencia aceptó el recurso de la fiscalía oponiéndose por falta de motivación (en ese momento las diligencias eran secretas). Ahora mismo, el único juzgado que tiene competencia para conocer el affaire de las armas es Instrucción 1 y si la jueza sospecha que los gemelos tuvieron algo que ver debe comunicárselo.

Leonardo Álvarez acordó el sobreseimiento provisional y archivo del robo con fuerza en las cosas al entender que "de lo instruido hasta la fecha no hay motivos para pensar que los hasta hoy investigados -Ernesto y Juan Manuel- puedan haber sido los responsables de la sustracción. Sin embargo, en su argumentación deja claro que las cosas no se hicieron bien, mencionando "irregularidades en la custodia y recuento de armas existentes en el búnker" -responsabilidad del armero- y "en la investigación posterior", destacando que ninguna de estas anomalías son "acreedoras de una sanción penal".

En el auto, se deniega una pericial reclamada por la fiscal del caso al entender el juez que "cualquiera que sea su resultado" no va a revelar nada importante. La acusación pública interesó una prueba caligráfica para determinar quién firmó el sobre lacrado que contenía dos de las tres copias de la llave que abre la estancia donde estaban las pistolas. Aparecen dos firmas atribuidas en la comisaría a los dos investigados, pero Ernesto A.V., en su declaración, dijo que no era su rúbrica. 


Una desaparición a la que se restó importancia cuando se detectó


El responsable del departamento de armamento y tiro, Ernesto A.V., detectó la ausencia de tres armas cortas el 18 de agosto de 2014. Se marchaba de vacaciones y realizó un recuento rutinario. Desaparecieron de una habitación de seguridad de la segunda planta con puerta blindada que permite el acceso a una primera sala donde se guarda el material antidisturbios. A continuación, separada por una puerta, otra sala donde están las armas. Tras comunicarlo a sus superiores, se realizó una investigación interna (la información reservada recayó en Bernardo D.L.). El oficio de UDEV de 5 de septiembre de 2014 remitido al juzgado decía que no había indicios delictivos, pudiendo deberse la ausencia "a la no constancia de las mismas o algún tipo de error en la tramitación documental ". El asunto se complicó cuando, en el transcurso de otro control en febrero de 2015, se detectó la falta de otras tres pistolas. Y eso que tras la primera falta se reforzó la seguridad con videovigilancia y cambio del bombín de la cerradura.

Meses antes de la ampliación de esta denuncia, en noviembre de 2014, Asuntos Internos recibía un anónimo, el mismo que dio pie a la Zamburiña, que responsabilizaba a varios policías de corrupción. Entre sus acusaciones, se mencionaba ya la desaparición de seis armas por parte de agentes para su venta, algo que quedó totalmente descartado.

La jueza Armesto cree que los gemelos y Celso Blanco robaron esas armas para desacreditar a sus compañeros.