Su número ha aumentado un 33% en los últimos cinco años, motivado por las infracciones de tráfico, robos y miedo a altercados
Las infracciones al volante, delitos como los robos o el temor a un altercado han disparado la instalación de cámaras de vigilancia en los últimos años en la provincia, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad. En la actualidad, 600 aparatos –400 hace cinco años– recogen diariamente imágenes de conductores y de transeúntes en la vía pública. De ellos, 470 están en la ciudad y sus alrededores y otros 130 en el resto de la provincia. Solamente a lo largo de los 154 kilómetros de trazado de la autovía A-52 (Benavente Porriño)que discurren por la provincia, hay instalados 17 videocámaras. Pero no son las únicas. También las hay en las autovías A-75 (Verín-Portugal), AG-53 (Ourense-Santiago) y la AG-31 (San Cibrao-Celanova), además de las carreteras N-120 y N-525.
Este volumen de cámaras es muy reducido si comparamos con las que hay instaladas en ciudades como Londres donde, según los datos que maneja la Asociación europea de profesionales para conocimiento y regulación de las actividades de la seguridad ciudadana (AECRA), hay unos 2.000 aparatos grabando.
En lo que respecta a Ourense, las últimas cuatro fueron instaladas a principios de año por Tráfico para controlar a los conductores a la salida de la ciudad. Son aparatos que toman imágenes de alta resolución que permiten incluso detectar si el automovilista conduce hablando o manejando el teléfono móvil.
Buena parte de los aparatos están instalados en polígonos industriales, casco urbano antiguo y edificios públicos, recogiendo imágenes de lo que sucede en un radio de unos 100 metros del inmueble. Su colocación, al tratarse de la seguridad y protección de edificios, no necesita de autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Galicia, pero las grabaciones solamente pueden estar almacenadas 15 días.
El funcionamiento de las cámaras ha generado 15 reclamaciones administrativas en los últimos dos años en la provincia de Ourense. En todas se argumenta la vulneración de derechos e invasión de la intimidad. Sin embargo, ninguno de los aparatos, según los datos que maneja AECRA, fue retirado. Es más, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil las consideran una buena herramienta para esclarecer delitos. "En ocasiones, es a lo primero que se recurre para identificar a un delincuente", afirmaron fuentes del Instituto Armado.
En la provincia, hay otras 1.800 cámaras, pero en este caso, están en casas, negocios y fincas privadas para evitar robos.
Carteles de advertencia en lugares que estén visibles
La normativa vigente sobre la instalación de los aparatos exige que estén señalizados, tanto si se trata de edificio públicos como de viviendas, empresas y lugares privados. Además, los carteles deben estar en lugares visibles y figurar la advertencia de "videovigilancia" aunque el aparato esté en el interior de un inmueble.
Alberto Gómez tiene colocado uno de los aparatos de videovigilancia en su vivienda entre los municipios de Pereiro de Aguiar y de Ourense. Asegura que dan seguridad sobre todo de noche. "Está conectada con un sistema de alarmas y avisa en caso de aparecer un ladrón", señala, puntualizando que no recoge ninguna imágenes de la vía pública, "solo enfoca a lo que es la propiedad privada".
Este sistema se pueden encontrar en el mercado a partir de 1.000 euros, aunque el precio depende de la calidad y la resolución de las imágenes.
Los ladrones, según fuentes policiales, suelen tenerlas controlados los aparatos, y se cubren el rostro con capuchas y gorras para no ser grabados.
