Emigrantes retornados a la provincia luchan en los juzgados para que les reconozcan que llevan desde enero de 2016 sin cobrar su pensión de Venezuela y así no pagar devoluciones al Estado por un dinero no cobrado
José Reza regresó a Ourense en 2005 desde Venezuela. Hasta principios de 2016 estuvo cobrando rigurosamente su pensión llegada desde Venezuela, hasta que los pagos del gobierno empezaron a fallar. Decidió lanzarse a los juzgados para que la Seguridad Social española le reconocise que efectivamente no estaba cobrando su pensión, pues seguía figurando como cobrador.
Recientemente, los juzgados le han reconocido la situación aunque permanece a la espera de la sentencia firme. "Tuve que demostrar a España que no estaba cobrando, removí cielo y tierra para que me dieran la razón. Fui hasta el Banco de España para poderlo demostrarlo", dice.
Reza se siente "entusiasmado" por cómo muchos retornados se han lanzado ya a buscar justicia tras lo que considera una "victoria". Desde que ha recibido la noticia y ha vuelto a cobrar recibe llamadas "casi a diario" para pedirle consejo, ya que es uno de los más de 3.500 gallegos retornados de ese país que están viviendo esta anómala situación.
La pensión del gobierno venezolano se concede a los 60 años, siempre que se haya trabajado un tiempo mínimo de 15 años, por lo que casi todos los que han retornado a edades avanzada está sufirendo la situación. El gobierno venezolano emite papeles de pago de un dinero que nunca llega, por eso la lucha de este colectivo es demostrar que no no están cobrando para poder acceder a los 600 euros de mínimos que recoge el convenio bilateral España-Venezuela, que asegura por parte española una compensación de equilibrio para llegar a una renta mínima.
Delmiro Santos también está en esta situación, aunque todavía está empezando con el proceso judicial asesorado por Reza. Regresó en 2008 para instalarse en el barrio de A Ponte y lleva ya casi dos años sin percibir nada. "No se vislumbra la luz al final del túnel en Venezuela", señala sin mucho potimismo por ese país. Permanece ahoraen la lucha con al menos diez personas más en la provincia a las que la reciente victoria de Reza anima.
"A mí me llegaron a decir que había cobrado 27.000 euros y me pedían que devolviera casi 3.000 por la compensación que me daban, cuando solo había cobrado la parte de la compensación", puntualiza Reza. "Mientras casos como el mío se van resolviendo, el 95% de la gente retornada está pagando devoluciones por un dinero que no ha cobrado", añade.
Delmiro lucha para que le reconozcan las cifras "reales" de cobro y no las "teóricas" ya que también ha tenido que pagar por algo que no ha cobrado. En otra situación, auqnue también lesiva para sus intereses, está Virgilio Morello. Regresó en 2014 y pidió el traslado de la pensión a España. "Todavía no recibí respuesta", confiesa. La pensión la sigue cobrando allá, pero no es lo mismo. "Al cambio estoy cobrando 20 euros al mes, porque lo pagan con el cambio de allá, y no con el dólar preferencial que usan para los pensionados del extranjero", añade resignado.
