El abogado del Consello Regulador pidió cárcel para los acusados y 100.000 euros por daños
Antonio Bóveda, uno de los cuatro socios de Bodegas Barbantiño, dedicada a la elaboración y distribución de vino y cerrada en 2010 después de su expulsión de la Denominación de Origen O Ribeiro tras haberse detectado un fraude en la producción y el etiquetado, asumió ayer toda la culpa de los hechos que sentaron en el banquillo a los cuatro administradores solidarios de la compañía.
La Fiscalía pide para Antonio 21 meses de cárcel y su inhabilitación para ejercer actividades vitivinícolas durante el mismo período. Sin embargo, la acusación, el Consello Regulador, mantiene su petición inicial de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los cuatro administradores -además de Antonio, su hermano David, un primo de ambos (Felipe) y la mujer de éste- y exige una indemnización por daños de 100.000 euros.
Antonio Bóveda fue el único de los acusados que declaró ayer durante la vista oral; los otros tres se acogieron a su derecho a no hacerlo. A preguntas de la fiscal, reconoció que manipuló el vino y el etiquetado y aseguró que ninguno de sus socios supieron lo que estaba haciendo.
En noviembre de 2009, una inspección del Consello en la bodega detectó "exceso de vino blanco y tinto", "más de la cosecha de uva que se había entregado", según manifestó en la sala uno de los técnicos. El Consello remitió la información a Medio Rural, que inició los trámites del expediente el último día de 2009. El 4 de enero siguiente dos de los socios (Antonio y Felipe) se reunieron con los técnicos de la denominación para "tratar de arreglar el asunto dentro". El vino, que se había distribuido a Gadisa y a Froiz -ninguna de las empresas se personó en la causa- fue localizado, inmovilizado y analizado. Los análisis no dilucidaron una merma en la calidad del producto, pero sí corroboraron la falsificación de las contraetiquetas. El perito de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ratificó su informe por videoconferencia.
La juez ordenó una pausa de media hora para que las defensas estudiasen el informe sobre daños económicos que la acusación presentó ayer. Tras el receso, la fiscal desarboló el informe pericial realizado por Estratega consulting.
