Es únicamente el 4,4% del censo, 97.809 electores, lo que augura una participación mínima
Los datos están ahí. El voto de los residentes en el exterior está condenado a convertirse en un elemento puramente simbólico. Las trabas burocráticas y legales impuestas desde la reforma electoral del año 2011 han hecho que ejercer el derecho constitucional al sufragio, si se reside en el extranjero, sea un acto heroico y con coste económico, sin que ni tan siquiera cuente con la seguridad de que vaya a llegar a su destino: contabilizar en las urnas.
Hasta este viernes, la Oficina del Censo tan sólo había recibido 4.329 solicitudes de ourensanos emigrantes que mostraban su petición de participar en el proceso electoral del 20-D de un censo de 97.809 electores; es decir, un escaso 4,4 por ciento del total. El plazo para rogar el voto, ese requerimiento añadido en la reforma de la Loreg , finalizó el 21 de noviembre, pero aún es posible que lleguen más peticiones con el matasellos correcto y que, por lo tanto, sean válidas.
Los votos
¿Este bajo porcentaje se traducirá en futuros votos aceptados? No. En el año 2011, de un censo de 85.445 ourensanos emigrantes, realizaron su solicitud de voto 9.156 residentes en el exterior, pero tan sólo fueron aceptadas 6.524. Es decir, hace cuatro años, un 10,7 por ciento del censo de residentes ausentes tramitó su petición de voto.
Pero el complejo proceso no hace más que comenzar ahí ya que, una vez aceptada la petición, la Oficina del Censo dispone de unos 17 días para reenviar a los votantes las papeletas, siempre y cuando no sea recurrida ninguna candidatura; en ese caso, el plazo sería aún menor.
Una vez que el paciente emigrante reciba esos documentos, dispone de nuevo de un breve plazo de tiempo para enviar su voto o bien depositarlo en urna. En ese caso dispondrá de tres días laborables, con horarios reducidos y, en la mayoría de los casos, con más de 300 kilómetros de distancia por el medio.
Volviendo a los datos del 2011, finalmente, de esas 9.156 peticiones de voto iniciales sólo cristalizaron 3.101, dejando la participación de los ourensanos en un escueto 3,6 por ciento. Por el camino se perdieron, por lo tanto, 6.055 votantes, la mayoría por los escasos plazos de tiempo. Siguiendo esa proporción, si las peticiones para este 20-D ya sólo son el 4,4 por ciento del censo, el número de votos que finalmente serán contabilizados, podría verse reducido a un simbólico dos por ciento, siendo generosos.
¿Y antes del voto rogado? En el 2008, últimas elecciones generales sin la reforma, el censo de los ourensanos era de 72.248 personas, de las que ejercieron su derecho al voto 23.322, lo que supuso un 32,2 por ciento del censo.
¿Por qué se cambió la ley? El argumento utilizado por los partidos políticos en aquel momento fue el supuesto fraude que se producía en el voto de la emigración, donde se decía "votaban hasta los muertos". Para un mayor control sobre el asunto, el PSOE, entonces en el poder, planteó esta reforma, en la que además se eliminaba el derecho a voto en las municipales, que fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PP y con solo los votos de IU y Coalición Canaria en contra. Es cierto que ahora el partido socialista ha dado un paso atrás, reconocido que se equivocó y solicitado una nueva reforma que elimine este requisito. El PP lo ha rechazado, aunque no el PP gallego, que junto al resto de fuerzas políticas del parlamento de Galicia ha pedido al Gobierno este cambio. El tiempo corre, mientras tanto, en contra de los emigrantes.
