IMPUTACIóN DE EDILES Y EXCONCEJALES

Soto denuncia la exención del pago de cesiones urbanísticas

La edil quiere que el juez investigue la pérdida de 1,6 millones en patrimonio municipal de suelo 

La exención a los constructores y promotores de la ciudad, por parte de los anteriores gobiernos municipales del PP, de pagar al Concello el 10% de los aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano no consolidado llegará a los tribunales.

Las imputaciones contra ediles y exconcejales socialistas y nacionalistas por asuntos como la calle Bedoya o la Plaza de San Antonio tienen réplica desde el gobierno municipal del PSOE porque la actual concejala socialista de Urbanismo, Aurea Soto, anunció que presentará hoy mismo una denuncia ante el Juzgado de guardia, sin especificar acusados, pero en clara referencia a los gobernantes de la ciudad entre 1997 y 2002, cuando se eximió a la construcción del abono al Concello de las cesiones -en terreno o dinero- que ordenaba ya la legislación vigente, tras las dudas originadas años antes por otra Ley del Suelo anterior.

En su denuncia, Soto considera a aquellos gobiernos del PP, que presidió Manuel Cabezas, son responsables de un delito de malversación de caudales públicos porque, según las estimaciones del arquitecto municipal en el año 2004, la ciudad podría haber perdido 1.651.140,37 euros de ingresos por la magnanimidad del gobierno municipal de entonces.

Para argumentar la denuncia, la concejala de Urbanismo acompaña un informe del Consello de Contas, que en la fiscalización del Concello correspondiente a los años 1999-2002 ya destaca ese incumplimiento de la legalidad, y otro del mencionado técnico municipal, que establece hasta 15 ámbitos urbanísticos en los que la ciudad habría dejado de percibir patrimonio municipal del suelo por ese importe de casi 1,6 millones de euros, al obviar, el gobierno municipal de entonces, la Ley 1/1997 del 24 de marzo, sobre normas reguladoras del Suelo de Galicia y la Ley 6/98 del 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones, que imponen la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico para el Concello en la gestión de los suelos urbanos no consolidados.

Soto entiende que las irregularidades no están prescritas por la gravedad de los hechos producidos, "no sólo por el valor de lo malversado, sino además por el daño que se ha producido al servicio público, pues se ha perjudicado gravemente al patrimonio municipal del suelo y, en última instancia, a los vecinos de Ourense", señala la propia concejala en la denuncia.

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