LA CIFRA, SUPERIOR AL 2011, INCLUYE NUEVE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y UN EDIFICIO RESIDENCIAL, ASÍ COMO UN PALCO DE MÚSICA, UNA CARAVANA Y UN ALPENDRE

Trece inmuebles demolidos este año en la provincia por ilegalidades

Las ilegalidades urbanísticas ya se han cobrado más demoliciones de viviendas en lo que va de año en la provincia que en todo el año 2011. Así se desprende de la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, un organismo de colaboración entre la Xunta y los concellos que contabiliza hasta el pasado noviembre nueve derribos de viviendas unifamiliares y uno de un edificio residencial, a los que se suman los de otras tres edificaciones. El año pasado fueron nueve los inmuebles derribados, de los que seis eran viviendas.
Las órdenes de demolición se deben a infracciones urbanísticas 'moi graves', al estar situada la mayoría de los inmuebles en suelo rústico de protección ordinaria, forestal o de aguas, entre otras calificaciones, como la de zona verde. Este último es el caso de un edificio residencial en Carballiño, demolido en noviembre, y que contaba con tres alturas más bajo cubierta. El inmueble, construido en el lugar que había ocupado un molino, se encontraba situado en medio del paseo del Arenteiro, en la zona de O Cuco.

'La ampliación de lo que había sido el molino se realizó sin permiso y fuera de ordenación', explica el alcalde, Argimiro Marnotes, que añade que el edificio en conflicto urbanístico -que comenzó hace ya varios años- 'estaba afectado también por la expropiación que la Confederación Hidrográfica' realizó en esa zona. Una vez demolido el inmueble, ubicado al lado del viaducto del ferrocarril, la zona está siendo acondicionada para adaptarla al entorno natural en el que se encuentra.

De menor tamaño que el edificio de Carballiño, pero también de carácter residencial, fueron las viviendas demolidas por orden de la Axencia en A Rúa, Amoeiro, Vilamartín de Valdeorras, Calvos de Randín, Pereiro de Aguiar, Verín y Xinzo, municipio éste último en el que se derribaron tres casas unifamiliares. Junto a ellas, la actividad del órgano urbanístico de la Xunta acabó también con un alpendre en San Cibrao das Viñas, una caravana (aunque de uso residencial) en Cortegada y hasta un palco de música en Arnoia.

'Era un palco que se fixera hai xa uns 15 anos porque o anterior estaba moi deteriorado. Un veciño denunciou, recurriuse pero ó final houbo que tiralo (el pasado mes de abril)', señala el alcalde del municipio, José Fariñas. Sin embargo, más allá de los costes del derribo que tuvo para el Concello, el palco ya no se echa de menos en la fiesta de la localidad. 'Había anos que xa non se utilizaba porque as orquestras agora traen os seus propios palcos', reconoce Fariñas.


MULTAS

Las demoliciones de edificios son el final de un proceso que se abre en el momento en el que se constata la ilegalidad y que habitualmente implica también el pago de multas coercitivas por parte de los propietarios infractores. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no ofrece todavía datos de las sanciones de este año -lo hará una vez esté finalizado el ejercicio- pero los nueve derribos que ordenó a lo largo del año pasado venían precedidos de un total de 116 multas a sus propietarios, que alcanzaban una cuantía de 541.600 euros.

Sin llegar a demoliciones, las ilegalidades urbanísticas en la provincia supusieron multas que superaron ampliamente el millón de euros durante el año pasado. Y es que el crecimiento urbanismo descontrolado es uno de los problemas a los que se enfrenta el paisaje gallego.

En este sentido, otra solución han encontrado los propietarios de los edificios que fueron construidos sin licencia antes de la entrada en vigor de la Lei do Solo (en 2003) y que, por lo tanto, no se ajustan a este marco normativo. Para ellos la Xunta abrió un periodo de regularización, que no implica la legalización de estos inmuebles sino un reconocimiento patrimonial de los mismos siempre y cuando no estén construidos en zona verde, espacio libre, dotación o equipamiento público. En la provincia se presentaron 827 solicitudes de regularización, de las que 672 son viviendas residenciales y 155, naves industriales.

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