La Justicia del país sudamericano se compromete a juzgarlo por los delitos cometidos en España
La Justicia venezolana ha dado la espalda a la extradición planteada desde el Gobierno español para que el economista Alberto Jesús López Rodríguez compareciese ante el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense por un supuesto delito de malversación en su etapa como administrador de cuentas concursales de empresas en proceso de liquidación. Al mismo tiempo, figura como imputado en el procedimiento penal por la ayuda a domicilio del Concello de Ourense (etapa 2007-2011) por delitos de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y/o fraude y exacciones ilegales.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que examinó el caso declara "improcedente" la posibilidad de ser conducido ante el juzgado ourensano ya que hace valer la doble nacionalidad del fugado.
"Firme compromiso"
No obstante, la misma resolución insta al Ministerio Público "para que solicite y recabe todas las actuaciones y cualquier elemento probatorio para el esclarecimiento de los hechos que dieron lugar al presente procedimiento". Y asume "el firme compromiso ante el Reino de España" que "al referido ciudadano se le seguirá juicio penal en la República Bolivariana de Venezuela por los hechos cometidos en aquel país, con las debidas garantías". Este mismo fallo judicial ratifica la medida judicial de privación de libertad impuesta por el Juzgado Vigésimo Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. De hecho, López Rodríguez permanece en la sede de Interpol en Parque Carabobo.
El Gobierno de la nación, a petición de Instrucción 2, había solicitado la extradición del también cónsul honorífico de Costa de Marfil para que el juzgado ourensano pudiera interrogarle por la desaparición de 400.000 euros de tres cuentas concursales que gestionaba por la liquidación de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria de la familia Otero Cerdeira de Carballiño.
El magistrado Luis Doval lo reclama tras la querella presentada por la Fiscalía el 16 de octubre de 2017. Previamente, el empresario había sido interrogado en el mes de julio para posteriormente darse a la fuga.
En esa denuncia, el ministerio público ya pedía su detención para una comparecencia en la que pediría prisión para eludir el riesgo de fuga habida cuenta de las cantidades sustraídas y la gravedad de las penas de los delitos objeto de investigación, hasta 12 años de prisión.
Ayuda a domicilio
En cuanto al procedimiento por la ayuda a domicilio, ya instruido, Alberto Jesús López fue investigado por las irregularidades cometidas en el servicio de ayuda a domicilio entre 2007 y 2011, en concreto con el pago de facturas realizado por el Concello a la concesionaria y que contaban con reparos del interventor.
El juez decidió hace dos meses llevar a juicio a la exedil de Benestar Marga Martín junto a López y su exsocio, José Fermín Troncoso (gestionaban la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios y acabaron enfrentados).
