El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descartó una reforma estructural de una construcción que definió como "moderna" y "necesaria"
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha restado hoy importancia a las quejas sobre el edificio judicial de Ourense y ha dicho que el Gobierno era "consciente" de la necesidad de posibles "ajustes" razonables, aunque ha descartado una reforma estructural.
Rueda ha hecho esta valoración a preguntas de los periodistas sobre las protestas de sindicatos y jueces relativas al nuevo edificio judicial de Ourense, debido a problemas de ventilación, por falta de ventanas y de luz natural.
En primer lugar, Rueda ha resaltado la inversión realizada por la Xunta de Galicia cercana a los 18 millones de euros para la construcción de un edificio que ha definido como "moderno", que "era necesario y que se realizó en base a un concurso de proyectos".
Para el vicepresidente gallego, la diferencia entre tener un edificio nuevo o no "es sustancial".
En este sentido, sobre las quejas de funcionarios, ha manifestado que el Gobierno gallego era "perfectamente consciente" de que podría ser necesario acometer "ajustes". De hecho, ha matizado que con algún problema ya "contaban desde el principio".
Así, tras asegurar que todavía no han recibido queja oficial del juzgado a este respecto, ha avanzado que estudiarán la situación a fin de buscar la mejor solución, que pasaría, ha remarcado, por "ajustes", pero en ningún caso por una reforma.
"Una cosa es hacer ajustes en el edificio y otra cambios estructurales", ha apuntado Rueda, quien ha avanzado que habrá que estudiar "lo que es razonable y lo que se puede ejecutar y lo que pueda cambiarse", tras apuntar que nadie "tiene la verdad absoluta".
Ha remarcado que la Xunta de Galicia no va a "cambiar todo aquello que nos están pidiendo simplemente porque a los usuarios les podría parecer mejor otro tipo de disposición", algo que es "perfectamente entendible".
"La Administración tiene una responsabilidad de diseñar un edificio en las mejores condiciones", ha apuntado Rueda, quien dice que habrá que ver "lo que se solicita y a lo que se puede acceder, que sea razonable y que entre dentro de las disposiciones presupuestarias", ha concretado.
Para ello, ha manifestado que habrá que ver si las demandas responden "a necesidades realmente objetivas, con independencia de las opiniones que puede tener cada uno, que son muy respetables pero aquí estamos hablando de recursos públicos", ha apostillado.
